¿Por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial?

“Si él quiere que nos sentemos a decir cómo se modifica la ley de elección de los vocales del CGPJ, lo renovaremos". Ese órdago de Pablo Casado a Pedro Sánchez es el último capítulo de un culebrón interminable y pendiente desde 2018, el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anclado en el inmovilismo y la inconstitucionalidad por la falta de acuerdo necesario para ello entre el Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos y la oposición.

A pesar de que la Constitución estipula en cinco años el mandato de los integrantes del CGPJ, sus miembros acumulan ya casi 1.000 días de más después del inmovilismo y las reticencias del PP, que no parece dispuesto a perder su influencia en la mayoría conservadora en este órgano de gestión del Poder Judicial y lleva “bloqueando”, según grita a los cuatro vientos el PSOE, dos años y nueve meses una decisión con un retraso sin precedentes. 

"La única estrategia de Casado es boicotear y romper todos los puentes que han unido a este país en democracia", manifestaba la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, instando al líder de la formación azul a regresar, por boca también de “todos los partidos”, a la “senda de la institucionalidad. "El Gobierno está dispuesto a estudiar todos los escenarios", volvía remarcar, recogiendo el guante de Casado, con tal de recobrar la normalidad institucional en este contexto.

¿Qué es y cómo funciona el CGPJ?

El artículo 122.2 de la Constitución Española lo define como el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que sea un órgano judicial, sino que es administrativo. Por tanto, cualquier decisión suya puede ser recurrida en instancias superiores: un órgano judicial. Es decir, no da órdenes a los jueces, sino que más bien lo gestiona.

En España se compone de veinte miembros de prestigio, que tienen que acreditar competencias de quince años de experiencia como mínimo, de los cuales doce deben ser jueces o magistrados y los otro ocho, basta con que sean juristas. Ellos son los que eligen, de entre los doce jueces o magistrados, al que será al mismo tiempo el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que ahora recae en la figura de Carlos Lesmes.

Entre sus funciones destacan las de convocar las oposiciones a juez y fiscal, aprobar reglamentos, realizar las inspecciones y posibles sanciones a los juzgados y tribunales, gestionar la especialización de los juzgados o emitir informes sobre proposiciones de leyes judiciales. Aunque sin lugar a duda, la más especial es la de nombrar a los integrantes de los tribunales más importantes y decretar los ascensos.

La particularidad es que, a diferencia de los ocho miembros que no son jueces o magistrados y se eligen cuatro por el Senado y otros cuatro por el Congreso por una mayoría de 3/5 que forzaba a un acuerdo entre los partidos dominantes (PP y PSOE), hay un vacío constitucional sobre la elección de los doce miembros restantes.

Después la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que pretendía dotar de pluralidad ideológica al CGPJ, el mandato de Aznar la retocó levemente. Así, a partir de 2002, los doce integrantes judiciales se deciden mitad y mitad entre Congreso y Senado por mayoría de 3/5, por ese orden. Sin embargo, esos doce salen de una lista que previamente ha elaborado jueces y magistrados a través de elecciones profesionales. 

¿Por qué Casado y el PP frenan la renovación del CGPJ?

¿Por qué, como dijo el propio Lesmes, se está incumpliendo deliberadamente el artículo 122.3 de la Constitución que obliga a renovar el CGPJ cada cinco años? ¿Por qué un Poder Judicial con el mandato vencido continúa ascendiendo a jueces? 

La conclusión parece clara, al menos desde el Gobierno: el bloqueo elocuente del PP en estos dos últimos años corresponde a no querer perder esa mayoría conservadora en el Poder Judicial que ya se ha mencionado en este órgano. De hecho, desde la caducidad del mandato del CGPJ que montó mayoritariamente el Gobierno de Rajoy, se ha realizado 47 nombramientos, doce de ellos jueces del Tribunal Supremo, que estarán ahí hasta que se jubilen y decidirán los asuntos de mayor calado como la corrupción política o la actuación durante la pandemia, ya que Lesmes anunció que paraban toda maquinaria a la espera de esa fumata blanca PP y PSOE necesaria para la renovación que no llega, por unas cosas o por otras. 

“No podemos aceptar que Podemos vaya a estar como interlocutor en esa renovación de órganos constitucionales” es la última piedra que pone en el camino Casado para seguir pulsando el botón de stop y regateando la Constitución aprovechando la rendija de que la carta magna no estipula sanción alguna por ello. Es decir, al no haber consecuencias, Casado dispone de todo el tiempo del mundo.