Polémica por la propuesta de Podemos de fijar la cesta básica a precios de antes de la guerra

Unidas Podemos propone topar el precio de la cesta básica de la compra, al menos, durante todo este 2023. De esta manera, ha propuesto al PSOE, su socio de Gobierno, intervenir directamente el mercado de los alimentos para mantener el precio de estos productos a los que reflejaban antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Es decir, retrotraer sus precios hasta el 20 de febrero de 2022. Además, también se incluirían ayudas a pequeños productores para evitar “tensión financiera”.

Así lo explicó en su Twitter, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, que instó a que el “Ejecutivo tome cartas en el asunto” por la situación. El IPC general subió dos décimas en diciembre, hasta el 5,7%, siendo la cifra más baja desde noviembre de 2021. Lo que preocupa son los precios de la alimentación, que alcanzaron el 15,7%. Sería la segunda medida que se anuncia esta semana tras la renta garantizada.

La medida sería similar a la que el Gobierno de España aplicó durante la pandemia con el coste de las mascarillas o posteriormente con los test COVID. Desde Podemos lo consideran como el mecanismo más idóneo, a pesar de que recientemente se anuló durante seis meses el IVA del 4% de los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y rebajaba del 10% al 5% el del aceite y la pasta, dentro del último decreto anticrisis.

Ayudas directas a productores y sanciones e impuestos a grandes empresas

La formación morada no confía en exceso en que el PSOE acabe dando el visto bueno a su propuesta, por lo que contemplan un plan ‘B’ basado en bonificaciones directas al precio de los alimentos de la cesta básica, complementándose con el cheque de ayuda a la cesta de la compra fijado en 200 euros que también se introdujo en el decreto.

Esto se financiaría con un impuesto a grandes empresas de distribución para compensar el gasto público, similar al que ya se impone a la banca y las empresas energéticas. Se propone un gravamen del 33% sobre los márgenes de beneficios. Asimismo, también se contemplan multas a las empresas que aprovecharán dicha bonificación para seguir elevando sus beneficios al aumentar el precio de los productos.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ya avanzó que las últimas medidas anticrisis no serían suficientes, abogando por intervenir el mercado de los alimentos. Pablo Echenique, por su parte, subrayó que la fijación de precios debe ser compatible con que los pequeños agricultores y ganaderos tengan su margen de beneficios para la sostenibilidad de su actividad, aludiendo a que les protege la ley de cadena alimentaria que prohíbe vender alimentos a pérdidas.