La nueva Ley de Telecomunicaciones que estudia el Gobierno de Sánchez no permite intervenir el Whatsapp de ningún usuario. De este modo, el Ejecutivo no tiene acceso a esta conocida aplicación de mensajería para saber dónde te encuentras en cada momento o si acudes a alguna manifestación contra Pedro Sánchez, como dieron a conocer algunos medios.
Entre ellos, noticiastrabajo.es se hizo eco de estas informaciones que ahora se demuestran erróneas. Ten en cuenta que, además WhatsApp tiene las conversaciones cifradas, por lo que este acceso es imposible.
Una de las fuentes de las que bebió este medio, Okdiario, revela que la intención era controlar el orden público en las calles así como evitar los problemas que ocurren en las manifestaciones, en las que en la mayor parte de las ocasiones tienen que intervenir las Fuerzas de Orden Público.
Es precisamente este periódico digital el que pone nombre a la supuesta intención del Gobierno de controlar los movimientos de los ciudadanos que acudan, por ejemplo, a movilizaciones contra el presidente Pedro Sánchez. Esta información ya queda demostrada errónea. El Gobierno no podrá intervenir la conocida App de mensajería.
Y es que, siempre según asegura Okdiario, en el momento en que se accede a estos servicios móviles para comunicar emergencias o enviar cualquier mensaje, el Gobierno tendría acceso a las localizaciones IPs de los terminales. Pero no, la nueva Ley de Telecomunicaciones no permite al Gobierno entrar en el WhatsApp de los usuarios para saber quién va a las manifestaciones contra Sánchez.
Pero también esta nueva Ley de Telecomunicaciones da vía libre al Estado para intervenir redes o servicios de comunicaciones con la finalidad de comunicar cualquier circunstancia que suponga una alteración del orden público, de la seguridad pública o nacional, así como en el caso de que ocurra una catástrofe.
Posibilidad de saber quién acude a diversas actividades
La identificación a través de la IP de los teléfonos móviles no es sencilla. Pero, en el momento en que el Estado tiene acceso, es una operación que pueden llevar a cabo en cualquier momento que sea necesario, es decir, en situaciones de emergencia nacional. La ubicación de las personas no se puede conocer en ningún momento sin que exista una autorización judicial para ello.
Esta ley establece además que el Gobierno, en caso de necesidad, podrá conocer la ubicación de los ciudadanos cuando realicen una llamada de emergencia. Siguiendo este estándar, implementaría un servicio especial para las alertas de emergencia.
Pero el miedo está, según refleja el periódico digital, y por error nos hicimos eco en nuestro medio digital, en que este acceso a la IP de los terminales móviles repercuta también en que el Gobierno pueda conocer quiénes asisten a las manifestaciones en contra de la gestión de la pandemia que está realizando Pedro Sánchez.
Por triangulación no puede accederse a una dirección IP.
Pero, tal y como informa OkDiario, no es tan sencillo acceder a los datos de los usuarios. Por una parte, es necesario un informe previo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y por otro lado porque en caso de que sea necesario intervenir los teléfonos móviles, la orden podría venir tanto del Gobierno como del Ministerio del Interior.
Por eso y además por no ser correcta la información el Gobierno no podrá acceder a tu ubicación en el caso de que acudas a una manifestación.
Por comunicación del medio Maldita hemos suprimido del anterior texto determinadas valoraciones por considerarlas erróneas. Además de ello, se ha modificado el titular a los efectos indicados por Maldita y de acuerdo a los siguientes puntos:
1. El Gobierno no puede saber por la nueva ley de Telecomunicaciones qué personas participan en una manifestación accediendo a su dirección IP a través de WhatsApp
2. La ubicación no se puede conocer sin autorización judicial
3. Por triangulación no se puede acceder a una dirección IP
4. La «intervención» a servicios de mensajería como WhatsApp se refiere al envío de alertas en casos de emergencia y la capacidad para intervenir infraestructuras digitales se fijó por decreto ley en noviembre de 2019
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