Yolanda Díaz pide acceder a las cuentas de las empresas para negociar los convenios

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva tiempo trabajando para dotar de más poder a los sindicatos. Aunque, de momento, no está consiguiendo todo lo que esperaba. La semana pasada, la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados rechazó la proposición no de ley de Sumar para incluir a trabajadores, representantes y sindicatos en los consejos de administración de las empresas y grupos empresariales. 

Pero esta no es la única medida por la que va a luchar con su partido. Yolanda Díaz quiere que se publique trimestralmente la información económica del Observatorio de Márgenes Empresariales, agrupada por tipo de convenio colectivo y clasificada por tamaño de empresa, con el objetivo de que los sindicatos cuenten con más medios para mejorar la negociación colectiva. 

¿Cómo lo harían? Desde Sumar han registrado en el Congreso una Proposición No de Ley para la “creación de un Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENN) a partir de los registros administrativos oficiales”, que esperan debatir este mismo mes de mayo. A través de este, también se tendría acceso a las rentas que se extraen de las empresas mediante los dividendos, y si estas afectan a la capitalización o a su nivel de inversión.

En concreto, mediante esta PNL, Sumar solicita que se subscriba un convenio entre los ministerios de Trabajo (Díaz), Hacienda (María Jesús Montero) y Seguridad Social (Elma Saiz) para que la Agencia Tributaria “lidere”, junto con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, la “publicación trimestral de la información económica incluida en el Observatorio de Márgenes Empresariales, agrupada por convenio colectivo de trabajo de ámbito superior al de empresa, y la proporcione asimismo por tamaño de empresa”. 

“Un cambio revolucionario”

El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, calificó esta propuesta como un “cambio revolucionario” en declaraciones a EFE, aludiendo a que los convenios colectivos provinciales y autonómicos, que afectan a casi el 60% de los trabajadores en España, se firman sin tener prácticamente información económica sobre las empresas adscritas. 

Para Martín, el acceso a esta información permitiría fijar más fácilmente “un incremento salarial medio o hacerlo para una banda, en el caso de actividades con mucha dispersión, o decidir el descuelgue y posterior recuelgue de las condiciones generales de trabajo de empresas que se apartan del comportamiento general”. 

Además, la publicación y utilización de esta información económica, defienden, no solo repercutiría “positivamente” en “la transparencia, eficiencia, cohesión y coordinación de la negociación colectiva”, sino que también permitiría “un análisis económico más preciso y útil de la evolución de los salarios, los beneficios que se extraen de la empresa, la productividad y el reparto de esta”.