Los juzgados de violencia de género en España arrastran una gran sobrecarga de trabajo. El aumento de denuncias y la falta de medios provocan que los funcionarios encadenen turnos que se prolongan más allá de la jornada laboral, lo que afecta tanto a su vida personal como a la atención que reciben las víctimas.
“Sé mi horario de entrada, pero nunca sé cuándo voy a salir”, confiesa una funcionaria de justicia en TikTok, a través de la cuenta @a.hacer.punyetas, que retrata la vida laboral en los juzgados de violencia de género en España. Jornadas que arrancan a las 7:30 de la mañana y que pueden alargarse hasta las 3 de la madrugada, resolviendo órdenes de protección y atendiendo detenidos, son el pan de cada día en una de las ramas judiciales más saturadas del país.
Funcionarios denuncian el colapso del sistema
Según el Ministerio de Justicia, España cuenta con más de 60.000 funcionarios de la Administración de Justicia, pero en los juzgados especializados en violencia de género el día a día está marcado por el colapso, principalmente por la falta de medios, caídas del sistema y retrasos en la instalación de pulseras telemáticas por parte de los técnicos, tal y como señalan las funcionarias, que se ven obligadas a realizar horas extra.
“Mi trabajo es muy gratificante, salvo cuando las jornadas se alargan a 12, 14 o incluso 16 horas”, comenta otra empleada. “Hace dos viernes tuve que cenar en el juzgado y salir a las dos de la madrugada porque no acudieron a poner un dispositivo telemático”, añade.
“No existe la conciliación laboral”
Sin embargo, el impacto de esta precariedad va mucho más allá de lo laboral. “La conciliación familiar y laboral en este juzgado no existe. Tengo dos hijas que no pueden contar conmigo para nada”, reconoce otra de las trabajadoras.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de violencia de género han vivido en los últimos años un crecimiento constante de asuntos ingresados, alcanzando cifras récord. En 2023, otra funcionaria asegura haber tramitado, junto a un único compañero, más de 800 procedimientos penales, desde delitos leves de estafa hasta homicidios. Así, el sistema deja un panorama con funcionarios ‘quemados’ y víctimas desprotegidas.