En los últimos años, la brecha entre las condiciones laborales de la Guardia Civil y las de los cuerpos policiales autonómicos ha reavivado el debate sobre la equiparación salarial y la suficiencia de medios para los agentes destinados en los puntos más sensibles del territorio español, como la provincia de Almería, convertida en nuevo epicentro de presión migratoria y de narcotráfico.
En este sentido, JUCIL, la principal asociación profesional de la Guardia Civil, ha vuelto a presionar al Ministerio del Interior para reclamar mejoras estructurales y urgentes que permitan afrontar su trabajo en mejores condiciones.
Denuncian condiciones inferiores en comparación con otros cuerpos
Rafael Maldonado, delegado provincial de JUCIL en Almería, ha reclamado una equiparación salarial inmediata con las policías autonómicas, que responde a “una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita”; la implantación del turno 6x6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), y el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo.
“Un Guardia Civil cobra 8.251 euros menos al año que un Mosso y 12.000 euros menos que un Ertzaintza, cuando desempeñamos las mismas funciones”, recuerda Maldonado. “Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo”, añade.
La organización denuncia que los efectivos del Instituto Armado afrontan su labor en condiciones que considera “claramente inferiores” a las de sus homólogos autonómicos. Además, señalan que el “principio de autoridad” está en retroceso y falta un respaldo institucional “más firme” por parte de las autoridades públicas. “Algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos”, lamenta Maldonado.
La lucha contra el narcotráfico y la presión migratoria desbordan Almería
Más allá de las demandas laborales, JUCIL también ha alertado de la situación “de emergencia operativa” que vive Almería, donde el auge del narcotráfico y la presión migratoria han puesto al límite la capacidad de la Guardia Civil. Según la asociación, en lo que va de año, la provincia ha registrado 46 agresiones contra agentes de la autoridad, “lo que equivale a un atentado semanal”, apuntan en un comunicado.
La provincia, que concentra el 93% de la inmigración irregular que llega a la península, le obliga a detraer patrullas de Seguridad Ciudadana para labores de custodia y traslado, según los datos de la asociación. Este desvío de recursos, según advierte Maldonado, “degrada el servicio que se presta al ciudadano y deja desprotegidas zonas extensas del territorio”.
Así, el secretario provincial de JUCIL exige medidas urgentes, considerando “absolutamente imprescindible la inmediata reactivación del Grupo OCON Sur o un dispositivo similar que devuelva la capacidad de respuesta a la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado, garantizando al mismo tiempo la seguridad de nuestros agentes ante una amenaza que ya es una realidad diaria en nuestras costas”.