Nueva era para las empleadas del hogar: tendrán derecho a paro

“Dicen que están en ello, que están trabajando, pero llevan con ese proceso 10 años”, aseguran, casi desesperadas, desde el fondo del alma de la Asociación Xiara. Uno de los distintos colectivos de las empleadas del hogar (son en su inmensa mayoría mujeres) que batallan por ser reconocidas a ojos de la Seguridad Social de la misma manera que cualquier otro trabajador.
 
Debido a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dispone un régimen especial de cotización, el Sistema Especial para Empleados del Hogar, si una trabajadora de este colectivo, por el motivo que fuera, finalizaba su contrato, no se le permitía acceder al paro. Están excluidas de la prestación por desempleo, exponiéndose a una desprotección económica y que ha obligado, como en los momentos álgidos de la pandemia, a crear una caja de solidaridad para ayudarse entre compañeras.
 
Diez años de lucha, de reclamaciones y procedimientos judiciales. Ante el Ministerio de Trabajo, el de la Seguridad Social, el Gobierno y hasta las instancias europeas, hasta conquistar finalmente la tierra prometida: reconocer las prestaciones por desempleo como un trabajador al ver incluido su sector en el Régimen General de la Seguridad.

De Vigo a Europa, diez años de rescate

"Esta exclusión entraña una mayor desprotección social de los empleados del hogar, que se traduce en una situación de desamparo social", ha concluido el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) en la sentencia que promete marcar un antes y un después en el panorama laboral para las empleadas al considerar que la normativa española que no reconoce prestaciones por desempleo para este colectivo es ilegal.
 
Además de producirse una “discriminación indirecta por razón de sexo”. La razón de ello responde a que los datos de las asociaciones cifran en casi el 90% las trabajadoras del sector. Una representación femenina aplastantemente mayoritaria, en comparación con la de los hombres, que las asociaciones consideran “anecdótica”.
 
Para conseguirlo, una pequeña piedra acabó por hacer caer todo este entramado de “desprotección social”. El esperanzador futuro de este colectivo se escribió en Vigo y se decidió en Europa. En España se hicieron oídos sordos y dieron largas. Esta jurisprudencia que supone un ‘clic’ ha sido generada por una trabajadora del hogar de Vigo, ayudada por su empleadora, que presentó una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 y que acabó en manos del TJUE.
 
Este consideró, en base a su interpretación de la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social, que la normativa española va en contra de la europea y es “discriminatoria por razón de sexo”. Para el TJUE, ni es “adecuada” ni “parece aplicarse de manera coherente” para el cumplimiento de buscar mantener las tasas de empleo y luchar contra el trabajo ilegal y el fraude contra la Seguridad Social. Los motivos en los que se escuda el Gobierno para negarle, como hasta ahora, el paro. Como no hacía con otros colectivos de condiciones similares.

“Reclamábamos derechos laborales como cualquier otro trabajador”

"Reclamábamos entrar como cualquier otro trabajador, tener derechos laborales, pagar por lo que cotizamos o poder acceder al fondo de garantía laboral", aseguraba la portavoz de la ‘Asociación Xiara’, Teresa Rodríguez, una vez reconocido su derecho de incluir a este colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social. Pero también quieren más. "Mucha población inmigrante forma parte del sector", por los que se pretenden cambios en la ley de extranjería para que el 100% pueda acogerse a este derecho ahora reconocido.
 
"Es un avance muy importante, un antes y un después por todo lo que supone" defendía Rodríguez. El antes pintaba un panorama en el que las pocas ayudas que ofrecían las asociaciones a aquellas que se quedaban sin trabajo para acceder a subsidios o prestaciones eran insuficientes, mientras el Gobierno reconocía la situación pero no actuaba. O lo hacía de manera silenciosa, como las ayudas creadas específicamente para el sector durante la pandemia. Ahora, el Ministerio de Trabajo no tiene “más remedio” que adaptarse a la nueva realidad que ha reconocido Europa.