El Ministerio de Función Pública y los sindicatos se reunirán esta semana para ultimar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), que entrará en vigor el próximo viernes.
El Ejecutivo ha convocado a los sindicatos para los días 23 y 25 de marzo con el objetivo de dar el impulso definitivo a una reforma largamente negociada. Este encuentro, además de pulir la medida recogida en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, suscrito por UGT y CCOO con el Gobierno, servirá para avanzar su ratificación en la Mesa General de Negociación.
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“La recuperación de una reivindicación histórica”
Desde UGT Servicios Públicos insisten en que la implantación de las 35 horas debe consolidarse como un derecho efectivo y no como una mejora opcional sujeta a interpretaciones. El sindicato advierte de que no aceptará que su aplicación implique recortes en materia de conciliación o flexibilidad ni una merma en la calidad del servicio que presta la Administración.
Tras la crisis financiera, en 2012 se amplió el horario de los funcionarios del sector público a 37,5 horas semanales y, desde entonces, los sindicatos han reivindicado prioritariamente la reducción de la jornada laboral. En los últimos años, varias comunidades autónomas han recuperado progresivamente las 35 horas, una medida que aún no se había extendido al conjunto de la Administración General del Estado.
Empleo público y refuerzo de plantillas
Las negociaciones van más allá de la jornada laboral. En las reuniones previstas también se abordará la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 y la regulación del acceso de personas con discapacidad en la AGE. Los sindicatos reclaman que la reducción de jornada sea compatible con el mantenimiento, e incluso mejora, de los servicios públicos.
UGT ha subrayado la necesidad de crear empleo neto y de cumplir los compromisos pendientes de convocatorias anteriores. Según sus datos, siguen sin convocarse plazas correspondientes a 2023, 2024 y 2025, con un total de 5.765 puestos de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna aún pendientes.
Esta situación, advierten, repercute directamente en la atención a la ciudadanía, especialmente en organismos con alta demanda como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería o la Seguridad Social, donde las dificultades para conseguir cita previa son recurrentes.
Inclusión y modernización de la Administración
Otro de los puntos en negociación será la regulación del acceso de las personas con discapacidad a la Administración. Los sindicatos defienden una AGE más inclusiva, que garantice la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos laborales.
La implantación de la jornada de 35 horas se inscribe así en un proceso más amplio de modernización de la función pública, en el que confluyen demandas laborales, necesidades organizativas y el reto de mantener la calidad de los servicios en un contexto de creciente presión administrativa.