Los sindicatos que conforman la Inspección de Trabajo y Economía Social comienzan este lunes 26 de junio una huelga indefinida que paralizará al organismo. Los trabajadores reclaman al Gobierno de España “soluciones urgentes” a la situación de “olvido” que viven y exigen que se cumpla el Plan Estratégico de la Inspección acordado para reforzar la estructura territorial.
El conflicto lleva meses y ha creado tensión dentro del mismo Gobierno, especialmente porque el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz acusa al de Hacienda y Función Pública, encabezado por María Jesús Montero, de romper el acuerdo que recogía las mejoras laborales para Inspección que llevó meses conseguir. Ahora, después de varios paros parciales, los sindicatos endurecen su protesta e inician la huelga indefinida.
Qué reclama Inspección de Trabajo
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Economía Social reclaman que se apliquen las medidas acordadas con el Ministerio de Trabajo, con respecto a la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para incorporar de manera inmediata a 500 trabajadores, lo que ayudaría a “reforzar la estructura territorial”. El problema está en que el Ministerio de Hacienda, según recoge Europa Press, considera que la relación de puestos de trabajo es una decisión del Gobierno y no un tema de “negociación colectiva”.
La medida de comenzar con una huelga indefinida surge después de que los sindicatos rechazaran la última propuesta de Hacienda para destrabar el conflicto. Rechazo que apoya el ministerio de Trabajo, porque aseguran que no cumple con los compromisos que el Gobierno adquirió en el Plan Estratégico de la Inspección y entienden que esta oferta de Hacienda, no atiende a las necesidades territoriales y que “concentra sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos”.
El choque entre los ministerios de Trabajo y Hacienda se da en medio de un contexto político que pone fecha de caducidad al Gobierno actual, el 23 de julio de 2023 cuando se realicen las elecciones generales. Ante esto, los sindicatos consideran que “a estas altura no tiene sentido la exigencia de responsabilidades y dimisiones, pero no por ello podemos abandonar la exigencia del cumplimiento de un acuerdo, que no requiere modificaciones y que está aprobado en los presupuestos del organismo”.
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