El Ministerio de Trabajo se reunirá este lunes 20 de octubre con los agentes sociales para abrir la negociación sobre la reforma del despido en España, una iniciativa incluida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y respaldada por dos resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que denuncian que la actual indemnización por despido improcedente no es disuasoria ni repara el daño al trabajador.
La reunión, según recogen desde Europa Press, tendrá lugar a las 9:30 horas y estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, representante habitual del Ministerio en los procesos de diálogo social. En la mesa estarán presentes los sindicatos CCOO y UGT, impulsores de las denuncias que llevaron al pronunciamiento del CEDS, y representantes de la patronal, encabezados por la CEOE.
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La reforma viene impulsada por la condena a España por parte del CEDS, que en resoluciones anteriores concluyó que el actual sistema de indemnización vulnera la Carta Social Europea. El Comité consideró que las cuantías “no son suficientemente elevadas para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario”. Y destacó que la legislación vigente no garantiza que la compensación sea “mínima, accesible y efectiva”.
Los sindicatos presionan para una reforma efectiva
Algunos tribunales ya han comenzado a aplicar el criterio del CEDS elevando las indemnizaciones en casos concretos. Sin embargo, el Tribunal Supremo zanjó esta vía en julio con una sentencia que mantiene la interpretación vigente del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.
En ella, el Alto Tribunal argumentó que la indemnización fijada por ley “no puede verse incrementada en vía judicial” y que los pronunciamientos del CEDS no tienen fuerza jurídica directa, al tratarse de “declaraciones programáticas” que requieren desarrollo legislativo. Añadió que la fórmula actual “ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad” y que el derecho a una “indemnización adecuada” no es un mandato de aplicación inmediata.
Los sindicatos CCOO y UGT, respaldados por las resoluciones europeas, presionaron en los últimos meses al Ministerio para acelerar la reforma. Defienden que la compensación por despido improcedente debe “ser realmente disuasoria y repare el daño causado”, teniendo en cuenta además las circunstancias personales del trabajador afectado.
La patronal, por su parte, ha mostrado recelos ante la propuesta. Su presidente, Antonio Garamendi, ha criticado a Yolanda Díaz por su estilo de negociación, que ha calificado como un “monólogo social” con tintes “partidistas”.
Desde el Ministerio, Joaquín Pérez Rey respondió al dirigente empresarial que “estar en una mesa de diálogo social no es solo para calentar la silla. Hay que estar para proponer, para hacer propuestas y para alcanzar acuerdos”.