La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que espera cerrar este viernes la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 con sindicatos y empresarios.
En la reunión de la mesa de diálogo social, prevista para el viernes a las 9:00 horas, el Gobierno propone un incremento del 3,1%, hasta situar el SMI en 1.221 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, sin que tribute en el IRPF. “El viernes hay mesa y espero que terminemos ya”, ha afirmado Díaz en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
La ministra ha valorado de forma positiva la actitud mostrada por la CEOE en el último encuentro y ha expresado su deseo de que esa postura “proactiva” se traduzca en un acuerdo. “A mí me gustaría que la patronal sea capaz de alcanzar un acuerdo”, ha subrayado.
Durante la negociación, los agentes sociales han planteado la posibilidad de indexar parte del impacto de la subida del SMI en los contratos públicos, una reivindicación que Díaz asegura haber defendido “desde el día que subí el salario mínimo en el año 20 hasta hoy”. Además, ha añadido que el Ministerio de Trabajo está trabajando junto a Hacienda para presentar una propuesta concreta en este sentido.
Aunque el objetivo del Ejecutivo es alcanzar un acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Díaz ha insistido en que la subida del salario mínimo se aprobará incluso sin consenso. A su juicio, el SMI es “la herramienta que combate la pobreza laboral y la desigualdad y uno de los grandes logros que tiene el Gobierno de España”.
Rechaza endurecer la jubilación anticipada
En otro orden de asuntos, la vicepresidenta se ha mostrado contraria a endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Según ha explicado, muchas empresas necesitan renovar sus plantillas, especialmente en sectores como el industrial.
“El sector industrial lo está pidiendo”, ha señalado Díaz, que ha recordado la reciente reactivación del contrato de relevo y las discrepancias que han existido con el PSOE sobre esta materia. En su opinión, debido al envejecimiento del mercado laboral español es necesario facilitar el relevo generacional, ya que muchos trabajadores se ven obligados a trabajar hasta los 67 años para acceder a la jubilación.
La ministra también ha advertido de que el cambio tecnológico exige “savia nueva” en las empresas y ha rechazado penalizar las jubilaciones anticipadas en profesiones especialmente duras. “Penalizar jubilaciones a muchos sectores de la población, que son duros, que son difíciles, no es positivo”, ha defendido, al considerar que no resulta eficiente desde el punto de vista económico ni social.