Menos de una semana después del fracaso de la reducción de la jornada a 37,5 horas, Sumar lleva hoy al Pleno del Congreso una proposición no de ley (PNL) para abrir el debate sobre una reforma del despido improcedente. La iniciativa reclama que la indemnización deje de calcularse solo por salario y antigüedad y pase a ponderar también las circunstancias personales y del cese de un modelo “restaurativo y disuasorio” con el objetivo de cumplir la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT, según el texto registrado el 31 de mayo y promovido por las diputadas Aina Vidal y Verónica Martínez.
El movimiento llega tras el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales, emitido a raíz de reclamaciones de UGT y CC OO, que cuestionó que los topes españoles que son 33 días por año trabajado resulten “suficientemente disuasorios” para el empresario. El Tribunal Supremo, sin embargo, cerró la vía a que los jueces eleven por su cuenta esas cuantías y dejó en manos del legislador cualquier cambio de calado.
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En el tablero parlamentario, los apoyos están lejos de estar amarrados. Dentro del Gobierno, el PSOE ha expresado reservas y defiende que la norma actual ya encaja en la Carta Social Europea y aporta certidumbre a las empresas al mantener una indemnización tasada. Por su parte, ERC, EH Bildu y BNG plantean recuperar los 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades (que recordemos estaban vigentes antes de la reforma de 2012), por lo que podrían desmarcarse si el nuevo sistema elimina referencias fijas. Junts es improbable que se sume y PP, Vox y UPN avanzan su rechazo.
Sumar cita a Francia y Alemania como referencias de sistemas que consideran, además de antigüedad y salario, “las circunstancias específicas del despido”. El texto alude a baremos (Francia) o reglas ligadas al tipo de contrato y duración del empleo (Alemania) para aproximarse a una compensación “equitativa”, capaz de reparar el perjuicio y disuadir despidos sin causa. Aun así, el propio organismo del Consejo de Europa cuestionó en el pasado el modelo francés, extremo que el documento de Sumar no resuelve, y que anticipa un debate sobre hasta dónde modular la discrecionalidad judicial sin deteriorar la seguridad jurídica.
La PNL no es un proyecto de ley, pero sí un termómetro político tras el choque por la reducción de jornada. Trabajo ya ha abierto otros frentes como el refuerzo del registro horario y con esta iniciativa busca que la Cámara se pronuncie a favor de “adoptar las medidas necesarias” para adecuar el ordenamiento español a las exigencias europeas y de la OIT. Las patronales consideran “escandalosas” las propuestas que abren la puerta a superar topes fijos y alertan de más conflictividad y costes imprevisibles; los sindicatos, en cambio, llevan años exigiendo un esquema que eleve la reparación y desincentive el despido injustificado.
Capacidad para sacar la reforma adelante
La votación de hoy servirá para medir si el Ejecutivo estaría en condiciones de intentar una reforma legal. A día de hoy no hay un texto articulado, ya que queda por definir si el eventual sistema incorporaría baremos orientativos, factores de vulnerabilidad (edad, cargas familiares, discapacidad), el tamaño y volumen de negocio de la empresa, o si se reservaría al juez un margen graduable caso por caso. También está por dilucidar cómo evitar un aumento de la litigiosidad y qué topes, si los hubiera, garantizarían previsibilidad sin vaciar el efecto disuasorio.
En el plano de fondo, Europa aprieta y el Supremo acota, ya que el CEDS reclama indemnizaciones efectivamente reparadoras, mientras el Alto Tribunal deja claro que cualquier cambio exige una reforma legislativa. Este pulso se cruza con el dilema entre seguridad jurídica y proporcionalidad. El PSOE y las organizaciones empresariales invocan la previsibilidad de la cuantía como condición para la inversión y la estabilidad de las relaciones laborales; Sumar y los sindicatos responden que el sistema actual no corrige el daño ni disuade conductas empresariales injustificadas y que es preciso introducir criterios de equidad.
Las alianzas, por ahora, son complejas. Los socios a la izquierda del PSOE podrían bloquear una propuesta que no garantice niveles de compensación cercanos a los 45 días por año, mientras que la derecha ya ha anunciado su voto en contra. El impacto económico, además, será distinto según sectores y tamaño empresarial: las pymes temen costes inciertos y un repunte del recurso a los tribunales, en tanto que en actividades con alta rotación la medida puede alterar incentivos y estrategias de gestión de personal.
En febrero de 2024, una PNL similar sobre la jornada laboral obtuvo un amplio respaldo para “abrir el debate”, pero el desenlace, más de un año después, fue el contrario. La primera prueba de fuego que Sumar afronta hoy con el despido marcará si hay margen para un nuevo intento legislativo o si el asunto vuelve a quedar en una declaración de intenciones. Por ahora, en palabras del propio grupo, “el problema no está solo en la suficiencia de la indemnización, sino en lo injustificado del módulo con que se fija”. Así, que, con todo lo expuesto, queda por ver si hay mayoría para cambiarlo.