La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo mes de octubre convocarán la primera mesa de diálogo social “en la historia de la democracia” para reformar el despido improcedente, que será restaurativo y por primera vez “a favor” de los trabajadores. El anuncio se produce un día después de que el Congreso de los Diputados respaldara una proposición no de ley impulsada por Sumar para que el régimen del despido improcedente actúe como un verdadero elemento disuasorio para las empresas, así como reparador para las personas trabajadoras.
Cabe recordar que esta reforma es una exigencia de los sindicatos y que se produce también después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) diera la razón tanto a CCOO como a UGT, que presentaron dos denuncias diferentes contra España por vulnerar el artículo 24 de la Carta Social Europea, donde se establece el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a recibir “una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”.
El motivo es que la ley española establece un límite máximo para la indemnización del despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, lo que provocaría que, en algunos casos, no se reparase el daño real causado con el despido. Es la postura tanto del CEDS como de los sindicatos.
El Ministerio de Trabajo respeta esta resolución y, de hecho, Yolanda Díaz ha aprovechado unas jornadas de UGT sobre la siniestralidad laboral celebradas este jueves para darles las gracias por denunciar al CEDS. También se ha manifestado sobre el respaldo que tuvo la PNL en el Congreso, expresando que “el pueblo habló” y que, en consecuencia, en octubre convocará la primera mesa de diálogo con los agentes sociales (patronal y sindicatos).
UGT había anunciado que llevaría la causa de los despidos al Tribunal Constitucional
Tampoco hay que olvidar que, este mismo mes de septiembre, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, anunció que van a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo en el que, este órgano, rechazaba subir las indemnizaciones por despido improcedente en la vía judicial.
“Lo vamos a presentar de la mano de la persona que perdió la sentencia. Ya hemos estado trabajando con el abogado que se lo lleva y, por tanto, vamos a presentar recursos en el Constitucional”, explicó a principios de mes Álvarez. Lo cierto, es que tanto UGT como CCOO han expresado en más de una ocasión sus discrepancias con el fallo del Alto Tribunal. Para el líder de UGT, “carece de sentido jurídico”, defendiendo que la legislación española debe cumplir con la Carta Social Europea que ratificó España.
“Vamos a dar esa batalla, que esperemos que la podamos ganar, y por tanto, volver a la casilla de partida, que es que los tribunales españoles interpreten la resolución del Comité Europeo de Derecho Sociales sin que tenga en cuenta esta última resolución”, señaló, avisando ya entonces de que exigirían al Gobierno que abordarse esta cuestión en una mesa tripartida, como se ha comprometido hoy Yolanda Díaz, quien ya la ha fechado para octubre.
En cuanto a la postura del Tribunal Supremo, estos rechazaron subir estas indemnizaciones por la vía judicial, considerando que no supone ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 OIT ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización “debe ser adecuada”. En este sentido, matizaron que la expresión derecho a una “indemnización adecuada” de este artículo resulta “literalmente inconcreta”.
El Alto Tribunal, como ya hizo con el Convenio 158 OIT, señaló que “no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa”. En cuanto a las dos resoluciones del CEDS, que ganaron UGT y CCOO, apuntaron que sus decisiones “no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares, ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CEDS no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias”.
UGT no cree que vaya a haber acuerdo con la CEOE
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este jueves que su “sensación” es que no va a haber un acuerdo con los empresarios en la mesa de diálogo social. En declaraciones a la prensa, en las citadas jornadas, ha indicado que, igualmente, no se debería de dedicar mucho tiempo a esta negociación, debido a que hace un año que el CEDS determinó que la legislación española incumple la Carta Social Europea.