La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública que la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales sea normativa básica y llegue a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), a Instituciones Penitenciarias y al conjunto del sector público de forma efectiva.
La organización sindical trasladó esta exigencia tras la reunión de la comisión permanente de la AGE, en la que la Administración manifestó su disposición a negociar una fórmula que permita incluir a estos colectivos. Los sindicatos y representantes de los trabajadores públicos volverán a reunirse el próximo lunes 23 de febrero, justo antes de la convocatoria de la mesa general de negociación.
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CSIF sostiene que el texto definitivo para aplicar la jornada de 35 horas debe configurarse como norma básica, de manera que no queden fuera determinados ámbitos de la Administración. En un comunicado, el sindicato avanzó que la cuestión será elevada “en los próximos días” a la mesa general correspondiente.
El Ministerio ya había comunicado a las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, CCOO y UGT, que había iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas en la AGE, cumpliendo con lo pactado. Esta reducción horaria forma también parte del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, suscrito por CSIF y UGT, al que posteriormente se sumó CCOO.
Una medida que llega tarde
Desde la organización que preside Miguel Borra, critican que la aplicación de esta medida llega “con años de retraso” y aseguran que su avance ha sido posible gracias a la presión ejercida por el sindicato en las mesas de negociación.
Una vez acordada esta modalidad de jornada, Función Pública se dirigirá a los responsables de los distintos departamentos ministeriales para su aplicación. En todo caso, deberán realizarse las adaptaciones necesarias para garantizar la cobertura del servicio, especialmente en aquellos ámbitos con atención directa a la ciudadanía y en la organización de turnos de trabajo.
Además de la jornada de 35 horas, CSIF ha reiterado su intención de continuar negociando la extensión de este derecho a los colectivos inicialmente excluidos, así como la regulación del teletrabajo en la AGE y otras medidas incluidas en el Acuerdo Marco, como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada, la actualización de indemnizaciones por razón de servicio o el refuerzo del sistema de mutualismo administrativo, Muface.
La reivindicación de la jornada de 35 horas se enmarca en un contexto de negociación más amplio sobre las condiciones laborales del empleo público, tras años marcados por restricciones presupuestarias y limitaciones en la tasa de reposición. La eventual generalización de esta reducción horaria obligará ahora a concretar su encaje organizativo y presupuestario en los distintos departamentos de la Administración.