El Ministerio de Trabajo y Economía Social que lidera Yolanda Díaz tiene un nuevo frente abierto que sumar al de las negociaciones para la reducción de la jornada laboral. Se trata de los cambios en las indemnizaciones por despido. Una reforma que tendrá que llevar a cabo una vez que se pronuncie el Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo, que ha respondido a la reclamación presentada por el sindicato UGT y da la razón a los de Pepe Álvarez.
En este sentido, señalan, se ha comprobado que la regulación de las indemnizaciones por despido improcedente en España no están ajustadas a la Carta Social Europea. Así, será el Gobierno quien deberá tomar cartas en el asunto y ponerse manos a la obra con una reforma que termine con el máximo de 24 mensualidades (2 años) y sitúe el mínimo en 6 meses.
Ha sido el mismo sindicato UGT quien ha roto con el periodo de espera de un asunto, el de las indemnizaciones por despido, que mantenía en vilo a miles de trabajadores en nuestro país.
Qué supone el cambio en las indemnizaciones por despido
Actualmente, la indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Los sindicatos siempre han defendido que, con estas condiciones, no se protege al trabajador y las empresas tienen más facilidades a la hora de rescindir el contrato a sus empleados.
Cuando se comience a trabajar en esta reforma, se aumentará el llamado coste del despido que las empresas no podrán saber antes de tiempo. Así lo han dejado claro desde el sindicato UGT, una vez conseguido que su propuesta salga adelante.
En este sentido, las indemnizaciones deberán ir acorde a las condiciones de cada trabajador al que se decide despedir. Esto es, que tendrá que contemplar aspectos como si tiene hijos, su situación económica, si debe pagar vivienda o está en situación vulnerable.
Los salarios de tramitación siguen siendo la asignatura pendiente
UGT apela a la responsabilidad a la hora de recuperar el llamado salario de tramitación. Esta es la cantidad que recibirá un empleado desde el momento en que se produce el despido hasta la resolución judicial. Asimismo, el vicesecretario de políticas sindicales de este sindicato, Fernando Luján, pide más agilidad en estos procesos.
La resolución que ha hecho pública Estrasburgo “es vinculante” y por eso, el Gobierno deberá modificar la ley. Algo que ya tiene en cuenta el Ministerio de Trabajo que ya se ha posicionado en varias ocasiones a favor de modificar la legislación para subir las indemnizaciones por despido.
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