Sumar ha mostrado su rechazo a las nuevas medidas en materia de vivienda anunciadas por Pedro Sánchez y confirma que no respaldará en el Congreso el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno. Este contempla bonificaciones fiscales a propietarios de viviendas que mantengan sin cambios el precio del alquiler al renovar contratos, compensando a los caseros para que obtengan los mismos ingresos que si aplicasen subidas.
El Ejecutivo propuso enviar a la Cámara Baja un decreto ley que incluiría una deducción total en el IRPF para los propietarios que renueven contratos sin incrementar el alquiler. Según Moncloa, la medida pretende contener los precios y favorecer la estabilidad en el mercado de alquiler, pero ha sido calificado de “error” por diversos representantes del socio de coalición.
Para la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se trata de un “regalo de dinero público a los rentistas” y ha criticado duramente la medida al considerar que prioriza los intereses de los propietarios frente a los derechos de los inquilinos.
Rechazo a las nuevas medidas en materia de alquiler anunciadas
El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado, según recogen desde Europa Press, que el texto “ha sido pensado para los rentistas” y ha asegurado que su grupo no lo apoyará. La prioridad, explica, debería ser frenar la subida de precios de los alquileres, y no en bonificar a los caseros.
Otros representantes de Sumar también han mostrado su rechazo. Verónica Martínez Barbero, portavoz en el Congreso, ha calificado la propuesta de “error”, y ha defendido la necesidad de congelar los alquileres de forma generalizada. Por su parte, Aina Vidal, portavoz adjunta, ha acusado al PSOE de priorizar los beneficios de los caseros por encima de las familias.
Desde Izquierda Unida, el diputado, Enrique Santiago, considera que dejar en manos de los propietarios la decisión de mantener o subir el precio es ineficaz, y ha instado a que se prorroguen de forma obligatoria los contratos vigentes.
Fuentes de sumar confirmaron que conocieron las medidas a través de los medios de comunicación, algo que ha desconcertado a la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, que ha insistido en la necesidad de prorrogar por decreto los cerca de 600.000 contratos de alquiler que vencen en 2026, sin aumentos de precio.
La diputada de Compromís, Águeda Micó, ha defendido medidas más drásticas como el control de precios, la expropiación temporal a grandes tenedores y la creación de un parque público de vivienda destinado a fines sociales.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha considerado que la fórmula anunciada es “ineficaz” e “injusta”, señalando que la prórroga de los contratos de alquiler debe considerarse un derecho para los inquilinos, no una opción condicionada a ventajas fiscales.
El ministro apuesta por aplicar medidas estructurales como limitar la compraventa especulativa, gravar a quienes poseen más de cuatro inmuebles y prorrogar automáticamente los contratos de arrendamiento durante este año.