La Seguridad Social exige retener los pagos con tarjeta a sus deudores

La Seguridad Social y los bancos se alían para intensificar su persecución sobre la morosidad con la Tesorería General de esta. El organismo gestionado por la cartera ministerial que regenta José Luis Escrivá ultima los detalles del sistema informatizado que se quedará con la totalidad o parte proporcional del pago, según el caso, correspondiente al importe a deber cuando se produzca un pago a través del TPV (terminal de punto de venta).

De esta manera, cada vez que profesionales o empresas paguen a través del dispositivo mediante el que se efectúan los pagos con tarjeta, la Seguridad Social tendrá potestad para intervenirlo, siempre que detecte que ese TPV pertenezca a un negocio con deudas, y redirigir esa cuantía a sus arcas para satisfacer deudas pendientes. Como condiciones, deberán ser deudas por encima de los tres euros y que estén en vía de apremio, reclamadas en más de una ocasión y generalmente más de un año

¿Quién estará en la lista de morosos?

La normativa que contiene a la medida ya se encuentra publicada en el BOE, con el objetivo de agilizar la práctica de este tipo de embargo. Así, será clave para ello su novedoso sistema informatizado, que permitirá masificar el alcance de este tipo de actuaciones y trasladar información de hasta 1,5 millones de registros distintos. De esta manera, se solucionará, en principio, el gran hándicap de una idea que se venía practicando anteriormente, pero con la emisión de diligencias de forma individualizada a las entidades financieras para que reclamaran el embargo y esas cuantías.

¿Cómo funcionará concretamente ese sistema? Se pasará del método actual de notificaciones de carácter individual y diario a hacerlo mensual y masivamente. Así, cada mes la Seguridad Social trasladará a cada entidad los deudores que tengan o no TPV para comprar si poseen deudas que estén en apremio. Estas contarán con 30 días para identificarlos y transmitir esa información a la Tesorería con tal de que inicie el procedimiento de embargo.

El resultado esperado apunta a la posibilidad de realizar embargos masivos e incrementar la eficacia de los procedimientos de liquidación, permitiendo, por ejemplo unificar diligencias de embargo y obtener más información acerca de estos. En 2021, la Tesorería indicó que se produjeron 3.157.373 procedimientos de apremio.

Adhesión voluntaria de los bancos

La norma señala, asimismo, que la adhesión al sistema de las entidades bancarias y financieras será voluntaria. Sin embargo, también apunta que aquellos que no lo hagan “no podrán alegar dificultades técnicas u operativas que hayan podido motivarse por el número de actuaciones solicitadas como causa de exoneración de las responsabilidades en que hayan podido incurrir por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en lo concerniente al suministro de información y a la práctica de embargos sobre los pagos efectuados a través de terminales de punto de venta (TPV)”.

Rechazo de las empresas

Es “agresivo y discriminatorio”, señala la organización de autónomos ATA sobre la medida. Para ello, exponen el ejemplo del blindaje antiembargo del SMI, en el que a un asalariado no le pueden embargar sus ingresos hasta los 1080 euros y sí a los profesionales cuando cuenten con deudas por encima de los tres euros con la Seguridad Social.