Consumo carga contra los alquileres turísticos y abre un expediente a una gran plataforma de alquiler: ninguna empresa “puede estar por encima de la ley”

El Gobierno continúa su lucha contra los alquileres turísticos ilegales y la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una conocida plataforma de alquiler de pisos turísticos por mantener miles de anuncios con publicidad ilícita. Y es que según el ministro, Pablo Bustinduy “ninguna empresa, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”.

Según informan desde el propio ministerio, la medida forma parte de una estrategia del Gobierno para garantizar que las viviendas turísticas cumplan con la normativa vigente. Consumo explica que los anuncios en cuestión podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales al no incluir información obligatoria, como el número de licencia en comunidades autónomas donde es un requisito indispensable.

Esta nueva acción llega después de que, en junio, se enviara un requerimiento a esta y otras plataformas solicitando información sobre las viviendas anunciadas en sus sitios web. Al constatar que los anuncios no fueron eliminados se abrió el expediente sancionador, que podría derivar en multas de hasta 100.000 euros o más, dependiendo del beneficio económico generado. Desde el Ministerio recalcan que esta medida no prejuzga el resultado final, pero subrayan la gravedad del problema.

Consumo tiene como objetivo contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España

Los pisos turísticos han sido señalados en varias ocasiones como un factor que contribuye a la crisis de la vivienda en España. La escasez de alquileres asequibles y el aumento de los precios han sido atribuidos, en parte, a la proliferación de este tipo de alojamientos, especialmente en zonas urbanas y turísticas. 

Ante esta situación, el Gobierno ha implementado medidas como permitir que las comunidades de vecinos voten si se pueden establecer viviendas turísticas en sus edificios, así como leyes para reducir la temporalidad en los contratos de arrendamiento y proteger a los inquilinos de cláusulas abusivas.

En este sentido, el ministro Pablo Bustinduy ha reiterado el compromiso del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo con la defensa de los derechos de los consumidores y la lucha contra las irregularidades en el sector de la vivienda, para atajar la crisis por la que actualmente pasa el sector.

“Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha afirmado.