Bruselas se pone firme y exige a España la retirada de las ayudas energéticas

La Comisión Europea solicitó formalmente a España la retirada progresiva de las ayudas energéticas. Aplicadas con el motivo extraordinario de la inflación o la guerra en Ucrania, Bruselas insta al Gobierno a su eliminación progresiva durante 2023 para hacerlo de forma total en 2024. Asimismo, también ha recomendado usar el dinero ahorrado para disminuir la deuda pública y limitar el gasto.

Si una vez se hayan retirado estas ayudas, con la leve mejoría del panorama que se está observando, y la situación volviese a empeorar, requiriendo su reinstauración, España deberá hacerlo con cuantías abordables y destinadas únicamente a proteger a los hogares y empresas más vulnerables. Estas ayudas, que se cifran en torno a los 40 millones de euros en España, habrían colaborado a incrementar el PIB un 1,1 % y a evitar que el alza de precios fuera un 2,3 % mayor, sobre el 8,4 %.

La reducción del uso de los combustibles fósiles es otra de sus disposiciones, de la que posee una alta dependencia, potenciando, a cambio, la utilización de energías renovables, el incremento de la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes o intensificar los esfuerzos políticos dirigidos a la provisión y adquisición de las cualificaciones necesarias para la transición ecológica.

La recomendación de Bruselas a España para limitar la dependencia de ayudas

Bruselas, asimismo, aconseja a España reducir el aumento del gasto público primario al 2,6 % como tope en 2024, con el objetivo de recortar el déficit estructural del 0,7 % que debe cumplir como obligación en este 2023, equivalente a 9.289 millones de euros. Hay que recordar que se regresarán a las normas fiscales comunes, un máximo de déficit público del 3 % del PIB y una deuda del 60 %.

Las cuentas de la Comisión esperan que el año que viene no se cumpla el objetivo marcado en cuanto a gasto público, creciendo un 1,4 % en 2024. Además, sugiere conservar la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la distribución y el buen uso de las subvenciones del fondo de Recuperación y Resiliencia y otras ayudas de la Unión Europea. 

Esto permitiría aplicar en 2024 una política fiscal a medio plazo de saneamiento “gradual y sostenible” para llegar a 2026 con una economía ciertamente saneada. También que disminuya gradualmente hasta el 2,7 % del PIB en 2025 y hasta el 2,5 % en 2026. La previsión es que el déficit de las administraciones caiga por debajo del 3 % del PIB en 2025. Mientras que el ratio de deuda pública lo haga del 109,1 % del PIB a finales de 2024 al 106,8 % a finales de 2026.