Seguridad Social - Página 2

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea eliminó los requisitos adicionales que impedían a los varones cobrar el complemento de brecha de género, con retroactividad plena desde la fecha de inicio de la pensión.

La justicia explica que ya cobraba una pensión de orfandad, por lo que no podía volver a percibir la prestación por hijo a cargo con discapacidad.

La Seguridad Social recordó al pensionista que mantener el alta en el RETA es incompatible con percibir la pensión completa de jubilación, aunque no desarrolle actividad, por lo que la justicia entiende que debe devolver el dinero de su pensión.

El modelo sueco activa antes a la empresa, al trabajador y a la administración, mientras la AIReF alerta de que en España la incapacidad temporal ya cuesta 16.500 millones y sigue creciendo.

También puede reconocerse cuando el causante estuviera de alta o en situación asimilada, con requisitos distintos según la causa del fallecimiento.

No llegar a los años de cotización exigidos, que la pensión resultante quede por debajo del mínimo garantizado o no tener la edad suficiente son las causas.

La letrada advierte de que muchos trabajadores pagan entre 300 y 1.200 euros al mes en un convenio que no va a mejorar su pensión de jubilación.

El TSJ de Canarias confirma la denegación porque no alcanzaba la edad mínima exigida y, además, el recurso se presentó con defectos formales que impidieron rebatir correctamente la sentencia.

El abogado laboralista en incapacidades aclara que la pensión no suma años ni mejora la base de cotización, aunque sí existe una excepción que puede cambiar el cálculo al llegar a la edad de retiro.

La Seguridad Social concede esta prestación a nietos, hermanos, hijos, padres y abuelos que hubieran convivido y dependido económicamente del fallecido.

Un informe del Centro Ruth Richardson advierte de que el gasto español crecerá en 3,6 puntos del PIB hasta 2070 si no se adoptan reglas automáticas de ajuste y mecanismos de capitalización como los de sus vecinos europeos y americanos.

Trabajar y cobrar la pensión de jubilación es incompatible, salvo que se acojan a las modalidades de jubilación activa, flexible o a la compatibilidad por ingresos reducidos, tal y como regula la Ley General de la Seguridad Social.

La cuantía de esta pensión es, con carácter general, el 20% de la base reguladora, aunque en 2026 las mínimas quedan fijadas entre 286,50 y 691,70 euros al mes, según el caso.

La Seguridad Social cruzó los datos del padrón municipal y comprobó que en el domicilio vivían cinco personas y no las dos que el beneficiario había declarado en su solicitud de la prestación.

La justicia explica que las cuotas impagadas del RETA, aunque estén prescritas, no sirven para cumplir la carencia específica que exige la Ley General de la Seguridad Social.

El convenio bilateral de seguridad social entre España y EE.UU., vigente desde 1988, permite combinar los periodos cotizados en ambos países para acceder a la pensión de jubilación o a la incapacidad permanente, aunque los plazos dependen del país implicado y pueden variar de forma significativa.

La Ley 27/2011 establece que para acceder al 100% de la pensión en 2026 es necesario tener 36 años y seis meses cotizados. Aunque tener más cotizaciones puede beneficiar, no servirán para superar ese 100% si la jubilación se produce a la edad ordinaria.

El funcionario de la Seguridad Social asegura que los coeficientes reductores favorables que protegían las pensiones máximas en la jubilación anticipada voluntaria siguen sin aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

La denegación se basa en el artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que impide reconocer la incapacidad permanente cuando el trabajador ya cobra la jubilación ordinaria.

Al empezar a cobrar una pensión especial de jubilación de la minería del carbón, la Seguridad Social detectó que era incompatible con la de viudedad y suspendió esta última.

El Ejecutivo estudia permitir otra vez contratos temporales de relevo para que estas jubilaciones parciales puedan tramitarse sin quedar bloqueadas.

La ley permite compatibilizar esta ayuda con el empleo, aunque exige respetar los requisitos económicos.

La mujer no estaba obligada a avisar a la Seguridad Social de que otra persona también recibía una pensión relacionada con el mismo familiar fallecido, y fue la propia Seguridad Social quien tardó años en darse cuenta de la situación.

El Ministerio de Inclusión ha sacado a audiencia pública un proyecto de real decreto para que esos periodos cuenten en la jubilación.

Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.

Un análisis europeo sitúa a España en casi cinco semanas de baja al año pese a que los tres primeros días de enfermedad común suelen quedar sin prestación.

También es posible cobrar entre 4.800 y 13.500 euros a tanto alzado o un mix ambas.

El Tribunal Social del Estado de Hesse establece que comunicar la jubilación en el trámite equivocado no exime del deber de notificación, ya que las dos prestaciones tienen cuentas separadas y cada una exige notificación propia.

La justicia explica que la incapacidad temporal y la jubilación son incompatibles y que la mutua puede reclamar lo cobrado de más cuando en caso de que el trabajador no comunicara que ya percibía la pensión.

La pensión de jubilación para quienes cobran el SMI depende de las bases de cotización y del total de años trabajados

La mayoría de entidades ingresarán la pensión entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo. Bankinter y Unicaja serán los primeros, el lunes 23.

A través de una mejora en la "integración de lagunas", el sistema rellenará con hasta un 100% y un 80% de la base mínima los meses sin cotizar para compensar la brecha de género y blindar la pensión.

Aunque la Seguridad Social sostenía que no había perdido la capacidad necesaria para ejercer su profesión, la justicia determina que sus lesiones en la espalda y el hombro derecho sí le impiden seguir trabajando como conductor.

La sentencia reconoce el derecho de un jubilado de Clases Pasivas a cobrar este plus pese a que ya lo percibía la madre y refuerza la posibilidad de reclamar atrasos desde la fecha de efectos de la pensión.

Aunque la Seguridad Social argumentó que sus lesiones no eran definitivas, la justicia confirma que su dolencia es irreversible y le impide afrontar la exigencia física de su oficio.

El abogado laboralista explica que pedirla antes de tiempo, presentar mal la solicitud o rendirse tras la primera negativa puede complicar el acceso a esta pensión de la Seguridad Social.

Las penalizaciones por adelantar la edad de jubilación no desaparecen, ya que se regularán según la reforma de la pensiones de la Ley 21/2021, siendo estas más suaves.

El Alto Tribunal explica que, a diferencia de otras ayudas asistenciales, tener descendencia en común no exime del requisito obligatorio de inscribir la pareja en un registro oficial con al menos dos años de antelación al fallecimiento para acceder a esta prestación de carácter contributivo.

La normativa permite sumar esos periodos mediante el “cómputo recíproco de cotizaciones”, aunque no aparezcan en la vida laboral.

El convenio especial es un acuerdo voluntario con la Seguridad Social en el que el trabajador asume el pago de las cuotas para mantener o ampliar sus derechos a prestaciones como la pensión de jubilación.

La Seguridad Social le denegó la pensión hasta en tres ocasiones alegando que su enfermedad no era suficiente como para darle la incapacidad, siendo corregido por la justicia.

El tribunal explica que cobrar el complemento por mínimos de la pensión es incompatible con que los ingresos del cónyuge superen el límite legal , incluso si la Seguridad Social cometió un error al concederlo.

La normativa de la LGSS establece que la incomparecencia a las convocatorias provocará la pausa provisional del pago, diferenciando claramente entre la pérdida definitiva de una baja médica y la suspensión de una pensión.

Al iniciar una actividad por cuenta propia, el pensionista mantiene el cobro íntegro de su prestación siempre que sus ganancias anuales se mantengan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

El Alto Tribunal aclara que la nueva aseguradora que asume la cobertura de una empresa debe hacerse cargo de pagar las prestaciones de los trabajadores que ya estaban de baja, incluso si han superado el plazo máximo legal.

Bizkaia y Álava lideran el ranking con las pensiones medias de jubilación más altas de España, situándose en los 1.933,39 y 1.917,57 euros mensuales, mientras que su tasa de desempleo se sitúa en el 6,69% y 5,03% respectivamente.

La Seguridad Social tiene un listado de 21 enfermedades reconocidas por las que es posible reducir la edad de jubilación hasta los 56 años, las cuales se ampliarán con 11 patologías má

La justicia determina que la de tractorista es una “profesión residual” que se vio obligado a ejercer tras serle retirado el permiso de conducir de vehículos profesionales por su cardiopatía.

No presentar la declaración de la Renta conlleva la suspensión temporal de la ayuda, una medida que la Seguridad Social aplica al incumplir este trámite durante dos ejercicios seguidos.

La justicia explica que las “cotizaciones ficticias” generadas mientras se cobra esta ayuda no sirven para alcanzar el periodo mínimo de 15 años exigido por ley.

Superado este límite, se abre un nuevo procedimiento y la empresa no está obligada a cotizar por ti, pero se garantiza el cobro del subsidio de incapacidad temporal a través del pago directo.

El funcionario de la Seguridad Social explica cuándo resulta rentable económicamente adelantar la edad de jubilación y renunciar al subsidio para mayores de 52 años del SEPE.

El artículo 219 de la Ley General de la Seguridad Social permite elevar la cuantía hasta el 70% de la base reguladora para aquellos beneficiarios con cargas familiares que cumplan los límites de renta.

El profesiograma recoge las funciones reales del puesto de trabajo y puede ser decisivo para demostrar ante la Seguridad Social o un juez que la lesión impide seguir ejerciendo la profesión habitual.

La prestación alcanza los 810.928 hogares en febrero y beneficia ya a 2,47 millones de personas, con una cuantía media de 545,1 euros por hogar y una nómina mensual que supera los 472,2 millones de euros.

La Fiscalía solicita además casi 1 millón de euros entre multas e indemnización tras descubrirse deudas entre 2014 y 2018.

El estudio compara las prestaciones públicas antes de impuestos con el gasto anual estimado de los mayores de 60 años y sitúa al país en un “superávit” del 3%, en un continente donde el déficit es la norma.

La Seguridad Social denegó la pensión al no cumplir con el registro formal es un requisito obligatorio tal y como regula el 221 de la Ley General de la Seguridad. La justicia da la razón rechazando flexibilidad pese a la convivencia.

El secretario de Estado admite que la jubilación parcial y las anticipadas voluntarias preocupan a los sindicatos y apela a una negociación “compleja”.

Aunque la nueva Ley 2/2025 elimina el despido automático por invalidez, si el empleado no manifiesta su deseo de continuar, la empresa podrá dar por finalizada la relación laboral sin derecho a adaptación.