Incapacidad permanente

Aunque la trabajadora pidió que al menos se le reconociera la incapacidad permanente total para su profesión habitual, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden ejercer como camarera.

El informe de síntesis del EVI recoge textualmente las actividades observadas al trabajador para justificar que no presenta reducciones funcionales graves que le incapaciten para su profesión.

El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.

El abogado laboralista en incapacidades aclara que la pensión no suma años ni mejora la base de cotización, aunque sí existe una excepción que puede cambiar el cálculo al llegar a la edad de retiro.

El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.

La denegación se basa en el artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que impide reconocer la incapacidad permanente cuando el trabajador ya cobra la jubilación ordinaria.

La reforma que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024 suprimió expresamente esa posibilidad, aunque existe una excepción para quienes hayan vuelto a trabajar después de obtener la pensión.

Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.

Aunque la Seguridad Social sostenía que no había perdido la capacidad necesaria para ejercer su profesión, la justicia determina que sus lesiones en la espalda y el hombro derecho sí le impiden seguir trabajando como conductor.

El Tribunal Supremo aclara que los 15 años exigidos para la jubilación pueden computarse con toda la vida laboral, pero los requisitos ligados al desempleo deben cumplirse con trabajo posterior y compatible con la incapacidad.

Aunque la Seguridad Social argumentó que sus lesiones no eran definitivas, la justicia confirma que su dolencia es irreversible y le impide afrontar la exigencia física de su oficio.

El abogado laboralista explica que pedirla antes de tiempo, presentar mal la solicitud o rendirse tras la primera negativa puede complicar el acceso a esta pensión de la Seguridad Social.

El Tribunal Administrativo de Marsella obliga a un hospital a reconocer la patología como enfermedad profesional.

La Seguridad Social le denegó la pensión hasta en tres ocasiones alegando que su enfermedad no era suficiente como para darle la incapacidad, siendo corregido por la justicia.

La normativa de la LGSS establece que la incomparecencia a las convocatorias provocará la pausa provisional del pago, diferenciando claramente entre la pérdida definitiva de una baja médica y la suspensión de una pensión.

La justicia determina que la de tractorista es una “profesión residual” que se vio obligado a ejercer tras serle retirado el permiso de conducir de vehículos profesionales por su cardiopatía.

El profesiograma recoge las funciones reales del puesto de trabajo y puede ser decisivo para demostrar ante la Seguridad Social o un juez que la lesión impide seguir ejerciendo la profesión habitual.

La prestación por desempleo generada antes de la pensión se extingue por provenir de las mismas cotizaciones, aunque se puede generar un nuevo derecho con otro empleo compatible.

Aunque la nueva Ley 2/2025 elimina el despido automático por invalidez, si el empleado no manifiesta su deseo de continuar, la empresa podrá dar por finalizada la relación laboral sin derecho a adaptación.

El Alto Tribunal explica que los atrasos cobrados tras ganar un juicio al INSS deben declararse íntegramente en el año en que la sentencia es firme, respaldando el criterio de Hacienda, aunque avala aplicar una reducción del 30%.

La Seguridad Social sostenía que podía desempeñar trabajos livianos o sedentarios, pero el tribunal explica que la afectación cognitiva y funcional es tan grave que le impide “el desempeño de cualquier tipo de trabajo”.

El Alto Tribunal aclara que no reconocer esta cuantía a un interino cuando sufre una incapacidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.

Pidió que revisaran su grado para que le concedieran el grado mínimo de incapacidad permanente, y no el máximo, para así poder montar su propio negocio.

La justicia determina que sus lesiones son lo suficientemente graves para seguir desarrollando su profesión de jefe de taller, en contra de lo que defendía la Seguridad Social.

La pensión de jubilación media sube y llega a los 1.566,8 euros mensuales y la pensión de viudedad se sitúa en los 972,8 euros al mes.

El abogado avisa de que el informe médico de síntesis es la base sobre la que decide el INSS y el documento que más pesa si el caso termina en un juicio.

El TSJ da la razón al trabajador, ya que el cobro indebido fue por un error del SEPE y lo protege frente a una carga económica desproporcionada.

Se trata del profesiograma, un informe que elabora la empresa y que este abogado tacha de “fundamental”, especialmente para la incapacidad permanente total.

La justicia, en contra de lo que defendía el INSS, determina que el cuadro psicopatológico de la mujer le impide realizar cualquier actividad laboral con un rendimiento mínimo.

Si el trabajador tiene la edad ordinaria de jubilación y los años cotizados necesarios, el INSS no reconocerá una incapacidad permanente por enfermedad común, obligando al afectado a solicitar la pensión de jubilación, según el artículo 195.1 de la LGSS.

El Tribunal Supremo avala que el plazo para reclamar cobros indebidos comienza cuando la administración descubre el fraude y no cuando concede la ayuda.

El tribunal explicó que la mujer padece secuelas graves y linfedema pero considera que su estado físico le permite desarrollar tareas sedentarias que no exijan gran esfuerzo físico.

La mujer trabajaba también de agricultura y la justicia considera que sus patologías le impiden realizar las funciones habituales de ambas profesiones.

Aunque la Seguridad Social en un principio se la denegó, la justicia confirma que sus lesiones le hacen beneficiaria de una incapacidad permanente total para su profesión.

La pensión mínima de Gran Invalidez con cónyuge a cargo se fija en 26.385,80 euros anuales, mientras que la pensión máxima del sistema alcanza los 47.034,40 euros anuales.

Aunque el trabajador buscaba la incapacidad permanente absoluta, el tribunal le ha reconocido la total para su profesión habitual, ya que todavía es apto para tareas más livianas.

La Seguridad Social tiene la potestad legal para modificar el grado de tu incapacidad permanente si tu situación médica o laboral ha cambiado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que sus lesiones son incompatibles con el fútbol profesional y que debía retirarse.

La justicia da la razón a la Seguridad Social y mantiene que es merecedora de una pensión de incapacidad permanente total, pero no absoluta.

El empleado pretendía que se le reconociera el grado de incapacidad absoluta para cobrar el 100% de la pensión, pero el TSJ de Andalucía confirma que aún puede realizar trabajos sencillos y sin estrés.

La cuantía de la incapacidad permanente total cualificada es del 75% de la base reguladora, pero puede bajar al 55% si se empieza a trabajar.

La pensión máxima de incapacidad permanente en España para 2026 se sitúa en 47.034,40 euros brutos anuales, lo que equivale a 3.359,60 euros brutos al mes en 14 pagas.

El TSJ de Andalucía consideró que sus lesiones eran incompatibles con la carga de trabajo diaria, destacando que las tareas de hostelería exigen esfuerzos físicos y posturas que la mujer ya no podía hacer.

La Seguridad Social recurrió la sentencia alegando que, al sufrir la patología desde la infancia, el trabajador se había "acostumbrado" y que conservaba sus facultades mentales superiores para trabajar.

Este abogado advierte de que el tribunal médico no solo valora informes médicos y que, gestos cotidianos, pueden suponer la denegación de la incapacidad permanente.

La incapacidad permanente fue reconocida para su antigua profesión, mientras que la jubilación parcial era de un empleo posterior y distinta, por lo que cumplía con la excepción que marca la Ley General de la Seguridad Social.

El Tribunal determina que la pérdida severa de visión, el cuadro depresivo y las secuelas del carcinoma son incompatibles con cualquier actividad laboral realizada con un mínimo de eficacia.

La modificación del artículo 174.5 de la LGSS establece que, al eliminarse el despido automático, la prestación económica quedará pausada mientras se perciba el salario en el puesto reubicado o adaptado.

Tras un accidente de tráfico en los años 90, Sonia pasó de tener un empleo estable en una multinacional a vivir con una pensión por incapacidad permanente que no alcanza los 1.000 euros al mes.

El Alto Tribunal asienta doctrina y obliga a devolver todas las cotizaciones pagadas desde que los médicos proponen la invalidez si la Administración la deniega por error.

La Seguridad Social había denegado el grado de gran invalidez al considerar que el cuadro clínico del trabajador no suponía un empeoramiento que requiriera la ayuda de una tercera persona.

La trabajadora de Mercadona alegó que padecía un trastorno depresivo grave y fibromialgia, entre otras dolencias que anulaban su capacidad laboral, motivo por el cual el TSJ de Asturias ha ratificado la incapacidad permanente absoluta.

La justicia considera que la pérdida total del olfato, sumada a problemas lumbares y de ansiedad, hace imposible que el trabajador ejerza su profesión con seguridad al no poder detectar fugas de gas o humo, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total con una base reguladora de 1.615,12 euros.

El Alto Tribunal ratifica que el plazo fijado en la resolución es un límite infranqueable para iniciar el expediente, protegiendo la seguridad jurídica del beneficiario.

Con la incapacidad permanente de gran invalidez se cobra un complemento que incrementa notablemente la pensión.

Al alcanzar los 545 días de incapacidad temporal, el contrato entra en una fase de suspensión administrativa mientras el INSS evalúa si el trabajador debe recibir el alta o una pensión por incapacidad permanente.

Para el tribunal, la anulación total de su brazo dominante, sumada a una depresión severa e incontinencia urinaria grave, le hacía imposible realizar no solo su actividad laboral habitual sino cualquier tipo de trabajo.

Para el TSJ de Cantabria, “incapacita física y psíquicamente a cualquier trabajador para asumir con sometimiento a horarios fijos y a rendimientos predeterminados”.

El Supremo explica que ignorar la "edad teórica" para calcular el acceso al complemento del 20% castiga injustificadamente al empleado de sectores penosos. Los años bonificados cuentan como edad real para acceder a la mejora, aunque el DNI diga lo contrario.

El complemento a mínimos ayuda a completar las pensiones que no alcanzan la cuantía mínima, pero superar el límite de ingresos puede provocar la retirada de este complemento y hacer que se cobre la cuantía que corresponda.