Con el precio del alquiler alcanzando máximos históricos, son muchas las viviendas sociales que se destinan a familias vulnerables a precios asequibles. Pero no siempre son las personas con menos recursos las que se benefician de estas viviendas, y así ha sido el caso de una exalcaldesa de un pueblo francés que se instaló en una casa propiedad del ayuntamiento y durante años pagó un alquiler social de tan solo 120 euros mensuales.
La vivienda llevaba siendo alquilada desde 1978, primero por su esposo, y después por ella misma, que se instaló en 1980. Según la información recogida por Figaro Immobilier, durante su mandato como alcaldesa se aprobaron obras de mejora en la propiedad, en las que participó votando a favor, pese a tratarse de un asunto que la beneficiaba personalmente.
Además, en los años noventa, cuando se iniciaron los trámites para rescindir el contrato de alquiler, la entonces alcaldesa asistió a la sesión en la que se anuló el procedimiento, manteniendo así el uso de la vivienda. En 2007, el inmueble fue clasificado como “vivienda social” con un alquiler oficial de 120 euros, aunque la exalcaldesa no pudo acreditar ingresos que justificaran ese estatus. Aun así, permaneció en la propiedad. También presentó una solicitud de subvención para instalar una bomba de calor, contraviniendo el criterio del consejo municipal.
La nueva alcaldesa denuncia la situación y la justicia la sanciona con 5.000 euros y la inhabilitación
Fue la nueva alcaldesa, elegida en diciembre de 2020, quien presentó una denuncia formal al detectar irregularidades. A raíz de ello, se decidió elevar el alquiler a 600 euros, aunque este incremento del 400 % se aplicará progresivamente durante dos años.
La exalcaldesa ha defendido su actuación ante los medios. “Me dediqué a tres mandatos y no creo haber obtenido ningún beneficio de mi cargo”, declaró a La Dépêche du Midi. También alegó desconocimiento y es que, según explicó, “no sabía que no podía participar en esas decisiones”.
Durante el juicio argumentó que “no había calefacción y los baños estaban afuera”, pero el fiscal subrayó la gravedad de los hechos, asegurando que “sus acciones socavan la confianza pública en los cargos electos”, y solicitó inicialmente una multa de 3.000 euros.
Finalmente, el tribunal consideró probada su implicación directa en decisiones municipales que la beneficiaron a ella y a su marido, y le impuso una multa de 5.000 euros, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.
