La política, cada vez más cara: su factura ha crecido un 22% en los últimos 7 años

Cinco comunidades autónomas emplean ya la mitad de sus presupuestos en el pago de salarios públicos. No es un hecho aislado, si no algo recurrente. La factura de la esfera política no ha parado de crecer desde los últimos siete años. Concretamente, un 22%, tal y como apunta ‘Vozpopuli’. Según los presupuestos del Parlamento nacional y el de las 17 cámaras regionales, a los 1.817 diputados que hay en España habrá que pagarles 625,2 millones de euros entre sueldos, indemnizaciones o subvenciones.
 
Es una nueva vuelta de tuerca a uno de los debates en boga en la primera línea de la actualidad española en los últimos años: ¿hacen falta menos políticos? ¿Hay más que los que debería? La delegación de VOX en Madrid ha sido una de las primeras formaciones en evidenciar que sí al solicitar a Ayuso que adelgace en un 31% su Gobierno, lo que supondría aliviar a los contribuyentes con un ahorro de unos once millones de euros anuales. De ahí surge la tercera pregunta: ¿compensa el gasto con el número de cargos políticos y su actividad?
 
Este sobrecoste progresivo se produce además en un contexto poco propicio para ello, con la ingente digitalización e inversión tecnológica y el mayor número de efectivos. La reducción del gasto público improductivo y estructural en todas las Administraciones disminuiría el déficit. Esto, además, generaría un cierto colchón para reducir los impuestos en un contexto histórico de inflación y permitiría emplearlo en otros asuntos urgentes como la sanidad.

Cada parlamentario cuesta de media 344.000 euros: Cataluña, quien más gasta

Desde 2015, el último año con el que los parlamentos permiten hacer comparaciones, los gastos parlamentarios no han parado de crecer, situándose ya en ese 22% después de que volviera a elevarse este año 122 millones más: pasando de 513,6 millones a esos 625,2 millones previstos. El de los diputados también ha crecido de 283.200 euros en 2015 a 344.000 euros en 2022.
 
Pero el grueso de ese gasto total lo acumulan las nóminas de los 1.817 representantes políticos, contando también los casi dos millares de asesores y los cerca de 8.000 empleados públicos adscritos. Ese ‘gasto de personal’ supone un 60% de esos 625,2 millones: 370,3 millones, unos noventa más que en 2015. De ellos, 137 millones de este gasto corresponden específicamente al Congreso, el Senado y las Cortes Generales.
 
Por autonomías, Cataluña es quien más dinero invierte en nóminas políticas, con 41,4 millones de euros. Desde el referéndum independentista de 2017, ha crecido un 61%. Le siguen, más lejos, casi con la mitad, Madrid con 24 millones; Comunidad Valenciana (21,1 millones) y Andalucía (20 millones).
 
En cuanto a los diputados, Congreso y Senado pagan más de 38 millones de euros en nóminas. Cataluña emplea 11,2 millones, Madrid, 8,2 millones y País Vasco, 5,9 millones. A la cola se encuentran Cantabria, que gasta un millón, Castilla La Mancha (1,6 millones) y La Rioja (también 1,6 millones).
 
Por tanto, la media de la factura que cada diputado le cuesta a las cuentas del Estado es de 344.000 euros. Cataluña también es líder a este respecto, con 486.000 euros de inversión. Con un 26% desde 2015, la que más ha crecido. Y eso que no es el Parlamento que mayor número de diputados posee al ser la segunda tras Madrid. Extremadura, con 222.000 euros, la que menos dinero gasta en estas cuestiones.