Pensionistas de la Policía Nacional y Guardia Civil, contra la “injusticia” del copago farmacéutico

Pensionistas de la Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a reclamar “la injusticia social” a la que aluden que sufre el colectivo de beneficiarios y pensionistas de las mutuas ISFAS, MUFACE y MUGEJU de Ceuta frente a sus homólogos de la Seguridad Social. Por ello, la Asociación de Jubilados Policía Nacional de España (AJPNE) y la de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) ha vuelto a plantear al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

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En el texto vuelve a reivindicarse la “desigualdad” que significa la aportación económica que deben realizar en concepto de copago farmacéutico, sin límite de aportación y fijada en un 30% para los mutualistas y sobre el que se fija el ojo de la polémica en Ceuta tras lo ocurrido con un compañero, Salvador Moreno Izquierdo, que falleció a causa de cáncer sin haber recibido cuidados paliativos.

El inmovilismo ante la propuesta planteada tiempo atrás obligó a mover ficha al Defensor del Pueblo, con actuaciones de oficio, respaldando a las mencionadas mutuas ante los que está suponiendo la pérdida de coberturas médicas, y volver a presentar esta ILP, bautizada bajo el nombre de 'Para la igualdad real y efectiva en la aportación económica que da acceso a la prestación farmacéutica ambulatoria entre los colectivos de pensionistas y sus beneficiarios encuadrados en la Seguridad Social y los pensionistas de las mutualidades de MUFACE, ISFAS y MUGEJU'.

Una “desigualdad” que incumple los “derechos y principios de la normativa Europea”

El núcleo de la propuesta presentada por AJPNE y RAGCE vuelve a poner de manifiesta este agravio, "no solo ante la normativa nacional, con el quebrantamiento de los principios constitucionales básicos, que son la base de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, sino a su vez que esta desigualdad de la misma forma quiebra con los derechos y principios de la normativa Europea con relación al derecho a la salud, un derecho que, por otra parte, es Universal".

Según, Marisol Camacho, la principal cabeza pensante de la acción, no van a detenerse y están dispuestos a agotar todas las instancias posibles. Esta vez se ha añadido la normativa de la Unión Europea y doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Sentencias del Tribunal Constitucional, aunque no se descarta, ante la falta de respuesta del Gobierno, de acudir al Tribunal de Estrasburgo.

El ejemplo de Ana Nieves Quintero

El caso de Salvador Moreno no fue el único con el que AJPNE y RAGCE ilustran su descontento. También el de Ana Nieves Quintero, que con 721 euros de pensión debe pagar más de 200 en medicamentos, adjetivada como el “fiel reflejo” de la “disyuntiva” entre tener que elegir entre “alimentos o medicamentos”. Es "la verdad de esta dura y triste realidad que sigue aconteciendo al día de hoy en nuestro mal llamado estado del bienestar".

Los siguientes pasos que han anunciado ambas asociaciones es conseguir el apoyo de todos los colectivos perjudicados por este 30% de copago mediante la recogida de más de 500.000 firmas necesarias que se tramite en la Cortes Generales esta Iniciativa Legislativa Popular para que acaben con “esta desigualdad injustificada”.