El Gobierno estudia investigar la política de siete aerolíneas ‘low cost’

El Gobierno de España investiga la política de equipajes de mano y asignación de asientos de siete aerolíneas ‘low cost’ que trabajan en España, de las que no se han dado a conocer sus nombres, y que aglutinan en su conjunto más del 30% de la cuota de mercado española y europea. En otras palabras, sus métodos de actuación afectan a millones de personas.

El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, ha anunciado mediante un comunicado que el estudio ya se encuentra en marcha, con el foco principal del cobro como extras de servicios necesarios como que puedan viajar menores de edad o personas dependientes, llevar una maleta en cabina sin facturar o seleccionar un asiento.

Bajo la potestad de las nuevas competencias sancionadoras ante fraudes masivos que adquirió la cartera ministerial de Garzón recientemente, se valorará si estas acciones por parte de las compañías del sector de bajo coste son abusivas o desleales y si transgreden las leyes de consumo.

🔎 Consumo investiga a siete aerolíneas por su política de equipajes de mano y asignación de asientos

👉 Las multas podrían alcanzar hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido o el 4% de la facturaciónhttps://t.co/Z5f9nElotD pic.twitter.com/f6WHN2Wy2H

— Ministerio de Consumo (@consumogob) June 7, 2023

Cómo ‘engañar’ a Google con la política de las aerolíneas de bajo coste

Estas siete compañías ‘low cost’ también estarían incurriendo en otras prácticas sancionables como el uso ofertas flash, con precios fuera de mercado, para posicionarse mejor en Google. La gente pincha, aumenta el tráfico y el buscador, ya sea Google o comparadores de vuelos online, la ubican en posiciones prioritarias en sus resultados de búsqueda por su alto volumen de tráfico. 

Sin embargo, los precios que se marcan no acaban siendo los mismos, con el cliente en la tesitura de tener que acabar pagando de más para finalizar el proceso. Esa es la estrategia, considerada desleal, que debe calibrar la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, que es la el órgano que se encarga de este tema en concreto

Las multas contempladas para este tipo de conductas se mueven en una horquilla de entre 10.000 y 100.000 euros, aunque pueden multiplicarse si se constata que se transgredió la normativa en terreno de la Unión Europea. Concretamente, hasta llegar a alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ganado ilegalmente hasta el 4% de la facturación.