¿Debería el Gobierno fijar un precio máximo en el precio de la luz y de la gasolina?

La intervención del Gobierno de España en la espiral inflacionista que vive Europa, en general, y España, particularmente, es el gran reclamo en el último tiempo a sus dirigentes políticos. Los altos precios en productos y servicios básicos en el día a día de la población como los de la luz, de media un 1000% más caro, o los carburantes, cercanos a los dos euros por litros en la gasolina o el diésel y casi quince euros más caros que el año pasado, han puesto al Ejecutivo contra la espada y la pared.
 
¿Tratar de topar los precios o dejar que estos se regulen solos por la ley de economía?, ¿puede el Gobierno de cualquier país intervenir los precios ante la presión social por la pérdida progresiva del poder adquisitivo y la reducción del nivel de vida prácticamente cuando todavía no se han dejado atrás las secuelas de la pandemia del Covid-19?
 
"El Gobierno se compromete a bajar el precio de la luz, la gasolina y el gas", afirmaba Félix Bolaños, ministro de la presidencia, poco antes de que se aprobara el 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania. Esa ha sido uno de las medidas en las que el alto mando español tiene coto de acción. Porque está limitado. El Gobierno no es el que fija directamente los precios de los combustibles o la electricidad. Ciertamente, está atado de manos.

El ratio de acción del Gobierno para frenar la factura de la luz

La libertad de precios es uno de los principios básicos que vertebran las economías de mercado moderna. Es decir, la libre oferta y demanda marcan los precios en los mercados, sin intervención de las autoridades, como ocurre en España.

Sin embargo, en los últimos meses el Gobierno ha fijado límites legales a los precios de algunos productos como ocurrió en la agricultura o el sistema farmacéutico con algunos productos. Pero se trató de una situación excepcional, que los expertos no recomendaron y acabó por traer más perjuicios y que beneficios.
 
El Ejecutivo no fija el precio ni de la electricidad ni de la gasolina o el diésel. Sus mercados, sobre todo el de los carburantes, están liberalizados. No puede actuar sobre ellos, modificándolos. Las incesantes y exponenciales subidas en la factura de la luz se deben a los precios establecidos en base a la oferta y demanda de un mercado marginal y mayorista con el visto bueno europeo en el que se paga toda la energía al precio que cuesta producir la más cara.

El precio de la gasolina

En cuanto a los carburantes, dependerá esencialmente del barril de petróleo, el Brent. La única vía de acción que posee para modificar los precios sobre ambas materias primeras es modificar el importe de la factura tocando los impuestos, pero los euros por megavatios/hora o por litro no son su competencia.

Como reafirmó el presidente del Gobierno, la alternativa son las "ayudas del Estado o ayudas fiscales". Esto es, el Bono social eléctrico, la reducción de los llamados 'beneficios caídos del cielo' o las distintas rebajas que ya se han aplicado en ese 50% del importe constituido en la factura por impuestos, cargos y peajes o el más reciente de los 20 céntimos de euros por litro, de los cuales 15 son asumidos por el Estado y el resto, por las petrolíferas.
 
En otras palabras, puede regular los precios finales reduciendo los beneficios fiscales que se aplican a la factura o los tickets. Al ser más ciertamente regulado sí puede establecer precios máximos en el mercado de electricidad, pero no en el de la gasolina.

Eso sí, siempre con el beneplácito de la Unión Europea y en situaciones excepcionales, como va a ocurrir en la consideración de 'isla energética' de España y Portugal para topar los precios máximos del gas y el carbón, y así estabilizar el mercado.