La Comisión Europea confirma que España no pondrá más peajes en 2024

Frenazo a la implantación de nuevos peajes en 2024 en las carreteras y autovías de España. Una medida no exenta de polémica. El Gobierno se comprometió a introducirlos en 2024 como parte del plan de recuperación que presentó a la Unión Europea para acceder a los fondos europeos. Sin embargo, ante el rechazo social y político que provocó esta medida, el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y pedir a Bruselas que la elimine del plan.

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que ha recibido la petición del Gobierno español y que está evaluando las propuestas alternativas que le ha presentado. Según la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts, el progreso es "satisfactorio" y se espera finalizar la evaluación lo antes posible.

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"Se ha avanzado mucho y de forma satisfactoria y se están manteniendo conversaciones constructivas con las autoridades españolas con vistas a finalizar la evaluación lo antes posible", declaró la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts, en rueda de prensa.  "La Comisión está analizando nuestro planteamiento y hay una visión compartida que nos permite ser optimistas, pero aún no tenemos una respuesta oficial de la Comisión", espetó, por su parte, la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez.

Por qué se planteó la medida de los peajes

La medida de los peajes formaba parte del componente 5 del plan de recuperación español, dedicado a la movilidad sostenible, segura e inclusiva. El objetivo era incentivar el uso del transporte público y reducir las emisiones de CO2 del sector del transporte, que representa el 27% del total en España.

Según el plan inicial, el Gobierno se comprometía a implantar un sistema de pago por uso en toda la red de carreteras de alta capacidad (autopistas y autovías) a partir de 2024. El precio medio sería de 0,09 euros por kilómetro recorrido, lo que supondría un coste anual medio de 130 euros por usuario.

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El Gobierno argumentaba que esta medida era necesaria para garantizar el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras viarias, que tienen un déficit de inversión de unos 8.000 millones de euros al año. Además, aseguraba que se trataba de una práctica habitual en otros países europeos, donde el 75% de las carreteras tienen algún tipo de peaje.

Clamor popular ante la medida

La medida de los peajes fue recibida con una fuerte oposición por parte de diversos sectores sociales y políticos por distintos argumentos:

• Suponía una carga económica adicional para los ciudadanos, especialmente para los que viven en zonas rurales o periféricas y dependen del coche para sus desplazamientos.
• Era injusta porque hacía pagar a los usuarios por unas infraestructuras que ya habían sido financiadas con impuestos generales.
• Era ineficaz porque no garantiza una mejora real de la movilidad sostenible, ya que no había suficientes alternativas de transporte público o compartido.
• Era contraproducente porque podría provocar un efecto rebote, al desviar el tráfico hacia carreteras secundarias más inseguras y contaminantes.

Entre los detractores de la medida se encontraban varios partidos políticos, tanto de la oposición como del propio Gobierno. El PP anunció que presentaría recursos contra los peajes en todas las comunidades autónomas donde gobierna. Ciudadanos también se mostró contrario a la medida y propuso una rebaja del IVA del transporte público. Por su parte, Podemos e Izquierda Unida criticaron que la medida afectaba a los más vulnerables y pidieron una moratoria hasta que hubiera una transición ecológica justa

Qué alternativas ha propuesto el Gobierno

Ante la presión social y política, el Gobierno decidió cambiar de estrategia y buscar otras opciones para cumplir con sus compromisos con Bruselas. Según la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, las condiciones que se daban cuando se presentó la medida no son las mismas que en la actualidad. Así, el Gobierno ha presentado a la Comisión Europea una serie de propuestas alternativas al despliegue de peajes, entre las que se incluyen:

• Aumentar el impuesto sobre hidrocarburos para gravar más el consumo de combustibles fósiles.
• Crear un fondo nacional para la conservación y mejora de las carreteras, financiado con una parte de los ingresos del impuesto sobre hidrocarburos y con aportaciones de las comunidades autónomas y las entidades locales.
• Establecer un sistema de pago por uso solo para los vehículos pesados, que son los que más deterioran las carreteras y más contaminan.
• Aplicar un sistema de peajes solo en las autopistas que se rescaten o se construyan en el futuro, manteniendo la gratuidad de las autovías.
• Fomentar el uso del transporte público y el coche compartido mediante incentivos fiscales, bonos de movilidad o plataformas digitales.