La situación de Glovo en España ha alcanzado un punto de no retorno. Tras el anuncio de un Expediente Regulador de Empleo (ERE) encubierto que afectará a 750 repartidores en 60 ciudades, el foco vuelve a ponerse sobre el eslabón más débil de la cadena: los miles de inmigrantes que han operado en la sombra bajo cuentas alquiladas y sin protección legal.
Sin embargo, lo que muchos de estos trabajadores desconocen es que su situación de irregularidad tiene una salida legal a través de la propia plataforma. Según expertos en derecho laboral, el rastro digital dejado por la aplicación es la llave para su regularización en el país.
“Pueden solicitar un arraigo laboral”
Para quienes hayan trabajado ‘en la sombra’, la ley ofrece una oportunidad. Ana Ercoreca, presidenta de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, se mostró tajante sobre las posibilidades de estos repartidores en Aquí hay trabajo, programa de TVE.
“Los migrantes que estén en situación irregular y que denuncien una situación en la que hayan estado trabajando más de seis meses, pueden solicitar un arraigo laboral para que se puedan quedar en España”, confesaba la experta.
Según comentaba la experta en 2024, esta vía se basa en demostrar la existencia de una relación laboral real, independientemente de si el trabajador figuraba o no en la Seguridad Social. Ahora, en 2026, bajo un contexto donde Glovo acumula sanciones que superan los 800 millones de euros, los tribunales españoles están siendo especialmente sensibles.
“Los trabajadores tienen derecho a que se cotice por ese periodo”
El modelo de ‘cuentas alquiladas’ ha permitido a la empresa a reducir costes, pero a un precio humano altísimo. Ana explica que, al dar el paso de denunciar, el trabajador accede a un escudo protector: “Los trabajadores tienen todos los derechos que marca la legislación laboral y a que se cotice por ese periodo”.
Esto no es un detalle menor. Hace apenas unos días, con la matriz de Glovo bajo presión tras una multa millonaria de la Comisión Europea, el reconocimiento de estas cotizaciones es vital para que los repartidores puedan acceder a prestaciones por desempleo o futuras jubilaciones.
“No se pueden aprovechar de personas vulnerables por edad o nacionalidad”
La experta recuerda que no se puede permitir que el sistema se aproveche de los colectivos vulnerables “ni bien por edad, por nacionalidad o situación personal”. A pesar de los sistemas de reconocimiento facial implementados en 2025, el mercado informal persiste.
Sin embargo, la justicia española ya ha dictaminado que el ‘rastro digital’ (GPS, capturas de pantalla o pedidos) es prueba valida y cada vez más importante para ganar estos juicios.
Ahora bien, para que un repartidor en situación irregular pueda acogerse a la regularización y “quedarse en España” debe cumplir con los requisitos del Arraigo Sociolaboral como la permanencia continuada en el país de al menos dos años y acreditar una relación laboral de al menos seis meses. Además, el solicitante debe carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen.
