El nuevo Gobierno de España puede venir acompañado de un aumento fiscal para los ciudadanos. Especialmente, para aquellos que posean grandes fortunas. El debate sobre la conveniencia de un nuevo aumento del IRPF domina las intensas negociaciones entre Sumar y el PSOE para formar el nuevo Ejecutivo que busca Pedro Sánchez, constituyendo uno de los puntos más controvertidos. La idea de Yolanda Díaz no ha cambiado un ápice, pasando por el aumento propuesto en los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas más altas.
Como apunta ‘El Economista’, Sumar, la coalición liderada por la actual vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, busca incrementar los tipos del IRPF del actual 47% al 52% para aquellos individuos cuyos ingresos superan los 300.000 euros. Esta propuesta no es novedosa; en 2012, durante la crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había elevado el tipo máximo del impuesto en siete puntos porcentuales. La intención de Sumar es posicionar a España como uno de los países europeos con mayor presión fiscal sobre las rentas altas.
España se ubicaría en cuarta posición europea de presión fiscal
En comparación con otros países de la Unión Europea, esta medida colocaría a España en una posición significativamente elevada en términos de tasas impositivas para los ingresos más altos. Actualmente, solo tres países de la UE, Dinamarca, Francia y Austria, junto con Japón y Canadá en la OCDE, tienen tasas superiores al 52%.
Esta propuesta afectaría aproximadamente al 0,6% de los españoles cuyos ingresos superan los 120.000 euros, según datos del Ministerio de Hacienda. Es importante destacar que la mayoría de estos contribuyentes se encuentran en las regiones de la Comunidad de Madrid y Cataluña.
Impuesto permanente a las grandes fortunas
Además de la subida del IRPF, Sumar aboga por la permanencia de un impuesto a las grandes fortunas con un tipo del 4% para los patrimonios más elevados. Argumentan que estos impuestos son esenciales en una sociedad donde la desigualdad y la pobreza alcanzan niveles inaceptables.
Hasta el momento, este impuesto ha recaudado 623 millones de euros. Un dato interesante es que solo el 0,1% de los contribuyentes en España, alrededor de 12.010 grandes patrimonios, han pagado este tributo, que es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio. Sorprendentemente, el 82% de estos declarantes reside en la Comunidad de Madrid.
Las negociaciones entre Sumar y el PSOE se desarrollan en un contexto económico incierto. Se espera una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, España se encuentra bajo la presión de la Comisión Europea para cumplir con su compromiso de reducir el déficit público al 3% para finales del próximo año.
El PNV pide cambios en la Ley de la Vivienda
En este escenario, el PSOE también está tratando de llegar a un acuerdo a largo plazo con otras formaciones políticas, incluyendo al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Este último ha exigido cambios en la Ley de Vivienda como parte de un pacto a cuatro años con el PSOE. Las negociaciones con el PNV continúan, y se espera que estos acuerdos influyan significativamente en la política económica y fiscal del próximo Gobierno español.
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