La decisión del Gobierno de aprobar mediante decreto ley la subida salarial de los empleados públicos, lo que supondrá un incremento acumulado del 11,4% entre 2025 y 2028, ha desatado este jueves un choque parlamentario con PP y Vox, que acusan al Ejecutivo de falta de diálogo y de actuar “a final de año” sin planificación suficiente. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha defendido desde la tribuna del Congreso que la medida “reconoce el trabajo de más de tres millones” de empleados públicos de todas las administraciones.
El decreto fija un aumento consolidable del 2,5% en 2025; un 1,5% en 2026, que podría llegar al 2% dependiendo de la inflación; un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. Estos porcentajes forman parte del plan retributivo plurianual con el que el Ejecutivo pretende recuperar poder adquisitivo tras años marcados por la elevada inflación y por tensiones entre la Administración y los sindicatos.
En su intervención, López ha reivindicado que la mejora salarial “la merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta; los veterinarios del Estado que combaten la peste porcina; los agentes forestales; los profesores de la universidad pública; y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que protegen nuestra seguridad”. Con esta enumeración, el ministro ha buscado subrayar el alcance de la medida sobre colectivos esenciales que dependen de los Presupuestos públicos.
La convalidación del decreto cuenta con el respaldo anunciado de Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG, lo que permitiría su aprobación sin dificultades. No obstante, los grupos de la oposición conservadora han endurecido su discurso. El diputado de Vox Pablo Sáez ha considerado que recurrir al decreto ley evidencia “la ausencia de una política presupuestaria” y ha reprochado que el Gobierno deje “para final de año» una decisión de este calado.
PP le reprocha al Gobierno que lo apruebe “sin diálogo”
Desde el PP, Ángel Ibáñez ha acusado al Ejecutivo de actuar “sin ningún tipo de diálogo” y ha advertido de que la medida llega cuando las comunidades autónomas, a la que les compete la gestión de una parte mayoritaria del personal público, tienen ya cerrados sus presupuestos, lo que les “deja sin capacidad de reacción” ante el nuevo gasto. Pese a sus críticas, el diputado ha reiterado el compromiso de su partido “con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y con la estabilidad en el empleo”, abriendo la puerta a un posible apoyo condicionado.
La subida salarial se debate en un momento en que las administraciones territoriales han reclamado mayor coordinación en materia fiscal y presupuestaria. El decreto, que ahora debe superar su convalidación en el Congreso, reabre además la discusión sobre los límites del uso del decreto ley en materia laboral y retributiva, una herramienta que el Gobierno defiende como necesaria para garantizar la estabilidad del sector público.
