La nueva Ley de Vivienda por fin sale adelante: estas son sus claves

La Ley de Vivienda saldrá adelante tras casi tres años desde que comenzara a debatirse en La Moncloa y más de uno desde que se empezaron a trazar sus líneas maestras entre los distintos actores políticos. El pacto firmado con ERC y EH Bildu resultará la llave definitiva que abra la puerta de la realidad a la futura legislación, que se espera que se apruebe antes del 28M.

Esta contará con novedades respecto al último capítulo donde se había quedado aparcado el borrador. Así, entre otras, limitará la subida de los alquileres, considerará gran tenedor a quienes tengan cinco inmuebles (la mitad de los de ahora) y cargará al propietario los polémicos gastos de gestión inmobiliaria.

"Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para aprobar una ley de vivienda que interviene y regula el mercado del alquiler, y que pone coto a la especulación y los abusos", ha confirmado Oskar Matute en una rueda de prensa convocada por ERC y EH Bildu, celebrando los cambios obtenidos.

Cambio del concepto de grandes tenedores

Se reduce. Ahora, serán considerados grandes tenedores los propietarios que tengan más de cinco inmuebles, aplicando las medidas que se ejecutarán en las áreas de mercado tensionadas, donde los precios de los alquileres de esas viviendas serán regulados y topados. Antes lo eran los que poseen diez o más viviendas.

Ampliación de las áreas tensionadas

Un concepto que se expande respecto al proyecto que aprobó el Consejo de Ministros. Las comunidades autónomas podrán declararlas por tres años con opción a prórroga con que se cumplan unas de las siguientes situaciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos cuando supere el 30% de la renta media de los hogares o cuando el precio de compra o alquiler haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Límites al alquiler del 3% en 2023 y sustitución del IPC

Con la concesión realizada a EH Bildu y ERC, no será condición indispensable la existencia de grandes tenedores (ahora considerados así los que poseen más de cinco) para que se topen y regulen los precios de los alquileres, como sí era necesario anteriormente. Estos límites dependerán del tipo de contrato y del perfil del arrendador.

Vendrá estipulado por el contrato anterior en el caso de los que tengan cinco o menos viviendas. Aunque también existirán bonificaciones para fomentar que saquen las casas a alquiler. Para los grandes propietarios, se configurará un nuevo índice de referencia para empezar a aplicarse en 2025 y que sustituirá al IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. Durante 2023, se limitarán las subidas al 2%, y en 2024, al 3%.

Desahucios programados

Se deberán efectuar obligatoriamente con fecha y hora predeterminadas. Asimismo, se establecen nuevas prórrogas en los procesos de lanzamiento que pueden extenderlos más de 24 meses. Además, los colectivos en situación de vulnerabilidad económica o riesgo de exclusión social tendrán acceso asegurado a los procedimientos de solución extrajudiciales o de mediación y alternativa habitacional.

Al respecto, por primera vez, los fondos de planes estatales de vivienda ofrecerán alternativas como los alquileres sociales bonificados o el realojamiento de personas.

Aumento de la vivienda protegida

Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida pasan del 30 al 40% en el suelo urbanizable para actuaciones de nueva urbanización, y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado, cuando se trate de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

Los gastos inmobiliarios, para el propietario

Ya no solo será cuestión de los grandes tenedores. "El servicio inmobiliario se presta al propietario, y, por tanto, será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere", puntualiza el texto. De esta manera, tampoco se podrá aumentar el alquiler por esta vía, obligando “a los inquilinos a abonar costes de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente". Así, por ejemplo, el mes de agencia lo deberá asumir el propietario.

"Esto evita una posible vía para el fraude de ley en el incremento de rentas bajo estas excusas", indica. Así, se suprimen las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes. "La eliminación de estas cláusulas cierra otra posible vía de fraude y protege a los inquilinos y a quienes buscan un contrato nuevo de alquiler", explica.