El Gobierno aprueba un nuevo baremo para otorgar la discapacidad y tramitar peticiones de urgencia

El último Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo baremo de discapacidad con el fin de mejorar la valoración y la calificación del grado de minusvalía y, por tanto, su correspondiente pensión. Una propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda a la que el Gobierno ha dado luz verde.

Otra de las decisiones que han terminado aprobándose ha sido la de fijar un trámite de urgencia por causas humanitarias o de especial necesidad social o de salud y de esperanza de vida para todos los enfermos de ELA, los que presentan enfermedades raras y las víctimas de violencia de género.

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Con este nuevo procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad se modifica el vigente hasta el momento, que era de 1999, y se cumplen los deseos y reclamos de más de 4,3 millones de personas con discapacidad que hay en España. Estos llevan más de diez años persiguiendo esta petición de reforma.

Cómo ha subrayado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, “por fin se termina con una situación complicada, aprobando un nuevo baremo con criterios más objetivos, más precisos y más humanos. La finalidad es que los trámites sean más ágiles, flexibles y accesibles en todo el proceso.

¿Cuál será el nuevo baremo para establecer el grado de minusvalía?

Tras la aprobación y entrada en vigor, se van a establecer nuevos criterios objetivos para dar el grado de discapacidad y se va a intentar agilizar y reducir los trámites a través de medios telemáticos, es decir, a través de Internet y por teléfono. De esta forma se asegura que la accesibilidad sea la misma para todos durante todo el procedimiento.

Se van a estudiar las realidades derivadas de la discapacidad, la situación real de cada enfermo y su evolución. Desde la Administración de salud ya se está llevando una formación especializada a todos el personal y al Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) con nuevas herramientas. Además, se va a incluir a la sociedad civil de la discapacidad como integrante de la Comisión de Valoración de Discapacidad.

Todo esto ha sido valorado y autorizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física u Orgánica (Cocemfe). Específicamente, el Cermi ha impulsado la regulación ante la necesidad de acelerar el proceso de valoración, ya que se necesitaban reducir los tiempos máximos de espera, donde algunos superan los dos años, en función de la comunidad autónoma.

Nuevos trámites de urgencia para algunas enfermedades especiales

Otra de las novedades anunciadas por el Gobierno fue la puesta en marcha de un trámite de urgencia para aquellas situaciones de necesidad social como son las “víctimas en zonas de guerra, de salud o de esperanza de vida”. También será el caso de las personas con ELA u otras enfermedades raras.

Las personas víctimas de maltrato también serán beneficiarias de ese trámite de urgencia para determinar el grado de discapacidad porque, como muestra la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, “el 17,5% tiene una discapacidad ocasionada por violencia doméstica". 

La nueva ley también va a implantar que sea obligatorio garantizar el derecho de los menores discapacitados a ser informados y escuchados sin que haya discriminación por su edad o minusvalía. Asimismo, se permitirá que la persona pueda ir acompañada por alguien con la finalidad de que quienes tengan una menor autonomía se siembren más seguras y estén acompañados para sus necesidades.