Los ayuntamientos y vecinos de Barcelona podrán exigir el desalojo de okupas

Paso adelante del Govern de Catalunya en la lucha contra la okupación. Las 'conselleres' de Justícia y Drets Social, Lourdes Ciuró y Violant Cervera, anunciaron que se modificará el Código Civil de Catalunya y la ley que regula la vivienda para tratar de disuadir las ocupaciones ilegales y las derivadas actividades delictivas que se suelen asociar como el narcotráfico, el depósito de robos o la violencia.

De esta manera, se incluirá en ambas disposiciones legales el término concreto de “ocupación ilegal”, que no existía. Esto supondrá una herramienta jurídica para que los ayuntamientos y comunidades dispongan de una baza más ante la impotencia de una problemática endémica y puesta en primera línea de actualidad política y social en España y frente a la que se siente impotente al no poder actuar ante las personas o mafias que "alteran gravemente la convivencia" en los barrios o poblaciones.

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"El Govern anuncia canvis legislatius per lluitar contra les ocupacions delinqüencials d'immobles i destinar-los a habitatge social"https://t.co/ciy7j9K3ta

— Justícia (@justiciacat) September 21, 2022

"Las ocupaciones ilegales delincuenciales generan alarma social y perjudican a la convivencia", afirmaron ambas ‘consellers’ sobre la conveniencia y urgencia de una medida que entrará ya en vigor en este mes de octubre, una vez que sea aprobado por el gobierno catalán y por el Parlament.

El Govern busca condenar la “pasividad” de los dueños: endurece las multas

Como explica el Ejecutivo catalán, sin demanda judicial no se puede acometer un desahucio, cuyo proceso suele ser ya de por sí frecuentemente lento. Y los propietarios de viviendas, en un principio, son los que deben solicitar su desalojo. Algo en el que el Govern destaca la “pasividad” de algunos tenedores como de los bancos, las grandes inmobiliarias, los fondos buitres o la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que acumulan pisos vacíos.

Con la medida, se otorgará el plazo de un mes a los propietarios de viviendas ocupadas para inaugurar el proceso judicial. De no ser así, los ayuntamientos y comunidades de vecinos podrán comenzar la acción jurídica del desalojo. "Es un campo abonado a las mafias", enfatizan desde el Ejecutivo.

Para ello, incrementará la cuantía de las multas, que podrán ser de 9.000 a 90.000 euros, aunque también se va a incluir la posibilidad de obligar a la cesión de viviendas a la Administración para que sean destinadas al apartado social a aquellos que no actúen ante esta problemática. Que "dejen de ser parte del problema, para ser la solución”, señalan.

Toque a la justicia

Del mismo modo, ha aprovechado para instar a la fiscalía y la justicia a agilizar los trámites en este tipo de procesos, señalando al alto volumen de expedientes que se encuentran en sus manos: 7.345 denuncias por ocupación. "El 45% de las ocupaciones en el Estado español se dan en Catalunya y el 75% en el área de Barcelona", especificó Ciuró, que acotó el plazo para resolver este proceso en unos 18 meses y reclamó, asimismo, un protocolo conciso que dote de celeridad al proceso de la desocupación.