Escrivá plantea una prejubilación máxima de 2.140 euros en la reforma de las pensiones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no quiere entrar en demasiados detalles sobre la reforma de las pensiones en las que trabaja codo con codo con el Pacto de Toledo y los agentes sociales. Pero sí es cierto que de vez en cuando da alguna pequeña pincelada sobre la marcha de estos acuerdos. 

Una de ellas es la de las penalizaciones a la prejubilación o el premio para aquellas personas que prefieran un retiro laboral más tardío al que marca la edad mínima de jubilación, que es de 66 años en 2021.

En estos recortes a la jubilación anticipada ya aparece en el cambio de los llamados coeficientes reductores. Esto haría que la pensión por jubilación temprana quedase en 2.140 euros, unos 500 euros menos que la que cobran los beneficiarios actualmente tras aplicar el porcentaje reductor que hay en vigor. 

Defienden los expertos que estas cantidades son orientativas, porque lo que va a cobrar alguien de las pensiones públicas, depende no sólo de los coeficientes reductores sino de otros elementos como la llamada base reguladora. De este modo, aunque a día de hoy se pueda afirmar que esta cuantía es de 2.140 euros, la pensión máxima de jubilación va cambiando con el tiempo.

¿Qué porcentaje se descuenta por jubilación anticipada?

Los coeficientes reductores cambian en función de la base de cotización a la Seguridad Social, y la idea que persigue el ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones es equiparar las pensiones de los jubilados que tienen la máxima y la de aquellos que no la tienen por no haber cumplido el mínimo de alta en el INSS. 

Los últimos datos de la Seguridad Social hablan de que 1,5 millones de trabajadores están cotizando por la base máxima y por lo tanto, si deciden abandonar antes su puesto de trabajo, la administración les podrá imponer un recorte de hasta el 4%. 

Coeficiente reductor por prejubilación

Si el trabajador decide solicitar la jubilación anticipada a la Seguridad Social con 63 años y 38 cotizados, tiene un 16% de coeficiente reductor. Mientras, que si este periodo va aumentando, con 63 años y diez meses con una cotización de 38 años y 6 meses, recibiría un 11,25%.

Cuando el trabajador deja el empleo con 64 años y una cotización de 39, el coeficiente es del 7,5%. Esta medida hace que, cuando la pensión esté aprobada, los beneficiarios reciban una cantidad determinada.

Reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones pone el foco en la implantación de nuevos coeficientes reductores que quiten las ganas a los trabajadores de abandonar su puesto previamente de cumplir la edad mínima. Los nuevos porcentajes llegarían al 21% en el caso de la base reguladora sobre la que hay que calcular la pensión de jubilación.

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez es que esta medida comience a funcionar el próximo mes de enero, pero no será de golpe, sino despacio, para que las nóminas no se vean muy resentidas.

Esta acción, no obstante, choca con la que propuso el mismo ministerio de Seguridad Social en el mes de enero, cuando subió las pensiones un 0,9%.

Suponiendo que las cantidades que cobran los pensionistas no se toquen, la pensión máxima quedaría en 2.139 euros de los 2.707 actuales. Una pérdida en el poder adquisitivo anual de más de 500 euros.

José Luis Escrivá y la mesa de diálogo social

Los sindicatos han mostrado su acuerdo en esta medida perteneciente a la reforma de las pensiones. De este modo, a los agentes sociales no les parece mala medida que suban los coeficientes reductores para aquellas jubilaciones anticipadas de las pensiones máximas. 

La idea sigue siendo potenciar que los trabajadores se retiren más tarde de sus puestos de trabajo. Aunque, eso sí, quieren seguir negociando las condiciones que quiere imponer el Ministerio.

Defienden que  los pensionistas que se han prejubilado y tienen derecho a cobrar una pensión máxima de jubilación, cotizan por una base de 4.070 euros. Aplicando la base reguladora, y los coeficientes actuales, queda en 2.700 euros. Pero, tras la puesta en marcha de estas medidas, con un 21% aplicable, lo dejaría en 2.140 euros. 

Esta pérdida de poder adquisitivo es un punto de conflicto que, para sindicatos y agentes sociales tiene pinta de ser una “doble penalización”.