La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que el salario mínimo “ya no es un salario de subsistencia” tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Ministerio y CCOO y UGT, sin el apoyo de CEOE y Cepyme, para elevarlo un 3,1% en 2026, hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas.
Díaz ha defendido que la subida del SMI ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con menores ingresos. “Hemos sacado a mucha gente trabajadora de la pobreza laboral, pero es que lo que hemos acordado además es algo fundamental, que es regular la compensación y la absorción de los complementos”, ha afirmado la ministra en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4, recogida por Europa Press.
La regulación de los complementos y el rechazo de la patronal
La vicepresidenta ha puesto el acento en la regulación de los complementos salariales, una medida que, según ha explicado, busca evitar prácticas empresariales destinadas a neutralizar el efecto real de la subida del salario mínimo. Con esta modificación, ha señalado, se acaba con “una trampa que hacen algunos empresarios”, que utilizan los complementos para compensar los incrementos del SMI.
Díaz ha lamentado la negativa de la CEOE y Cepyme a sumarse al pacto y ha criticado su posición, incluso después de que el Gobierno pusiera sobre la mesa incentivos fiscales. “La patronal española no quiere acordar nada con el Gobierno de España”, ha señalado, en referencia también al rechazo a la propuesta de Hacienda para reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades a las empresas que pagaran salarios por encima del mínimo.
La ministra ha defendido el esfuerzo “ingente” realizado en el marco del diálogo social para alcanzar un acuerdo amplio y ha reconocido que, en esta ocasión, la patronal sí participó en la negociación, a diferencia de otros procesos anteriores. Una vez pactada la subida del SMI, Díaz ha instado a empresarios y sindicatos a avanzar en la negociación colectiva para elevar los salarios, al advertir de que España mantiene “un diferencial del 25% en la media salarial con el resto de Europa”.
Asimismo, ha defendido que el SMI tenga una cuantía homogénea en todo el territorio nacional, al considerarlo “una herramienta de mínimo por abajo, justamente de garantía de igualación social” en el conjunto del país.
En otro orden de asuntos, la vicepresidenta ha reivindicado la regularización de personas migrantes como “una de las mejores medidas” para la defensa de los derechos humanos y para combatir la explotación laboral. Preguntada por si a Sumar le incomoda que esta iniciativa llegue tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, lo ha negado y ha restado importancia al cálculo político: “Si le saco rentabilidad electoral o no a lo que hago me da igual, porque me dejo la piel desde que he llegado al Ministerio de Trabajo en el que me encuentro para mejorar la vida de la gente trabajadora”.
