La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado clara este lunes en Bruselas su oposición frontal a una nueva directiva europea promovida por la presidencia húngara del Consejo de la UE. Según denuncia Díaz, esta normativa perjudica gravemente los derechos laborales de los trabajadores. Con un mensaje contundente y el respaldo de otros nueve países de la Unión Europea, busca formar una minoría de bloqueo para frenar lo que considera "inadmisible".
Antes de entrar al Consejo de Ministros de Trabajo de la UE, Díaz explicó a los medios que el texto planteado por Hungría introduce una serie de exclusiones que dejan sin amparo a quienes están en procesos de prácticas o formación laboral. En sus palabras, esto es "inaudito", porque "una directiva que debería proteger a las personas, acaba por desprotegerlas".
Para la ministra, esta propuesta no solo ataca a los trabajadores más vulnerables, sino que fomenta un modelo económico que ya ha demostrado ser insostenible: "Ir hacia un modelo 'low cost' no es lo que Europa necesita. Necesitamos más y mejores derechos laborales, no menos".
Bloquear la decisión de Hungría
En este sentido, la ministra no está sola. Junto a España, países como Alemania, Bélgica, Portugal o Rumanía comparten la misma preocupación por el impacto que esta directiva, promovida por la presidencia húngara, podría tener en el empleo y en la calidad de las relaciones laborales en Europa. Este lunes, confían en reunir los apoyos necesarios para formar una minoría de bloqueo que frene su aprobación.
El núcleo del problema, según Díaz, está en una lista de exclusiones que deja fuera de la regulación a muchas personas en prácticas, lo que, en la práctica, supone eliminar su acceso a derechos laborales básicos. Además, señala que esta medida contradice las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales.
Díaz ha explicado que lo que está en juego no es solo una directiva, sino el modelo de Europa que se quiere construir. Para la ministra, apostar por recortar derechos es dar un paso atrás, no solo en términos sociales, sino también económicos. “Unas relaciones laborales degradadas no benefician ni a los trabajadores ni a las empresas", señaló. "Las empresas insanas no son competitivas a largo plazo".
Con este posicionamiento, España refuerza su apuesta por un mercado laboral más justo y equilibrado, en línea con las reformas que han buscado mejorar la calidad del empleo. “Vamos a defender hasta el final los derechos de quienes más lo necesitan”, concluyó Díaz, confiando en que la coalición de países pueda frenar esta propuesta liderada por Hungría.
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