La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado este miércoles a la Comisión de Expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que proponga dos cuantías distintas para la subida de 2026, una con exención en el IRPF y otra con tributación, en función de lo que determine finalmente el Ministerio de Hacienda.
Durante su comparecencia ante la prensa tras reunirse con el comité asesor, recogida por Europa Press, Díaz ha aclarado que el objetivo es evitar el debate fiscal que marcó la anterior subida del SMI, cuya tributación fue finalmente corregida mediante una deducción. “Vamos a cumplir con el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, exento de tributación o tributando, y por tanto, no nos vamos a distraer en discusiones”, ha afirmado.
La titular de Trabajo ha subrayado que la decisión sobre si el SMI tributará o no en 2026 corresponde exclusivamente a Hacienda, y ha recalcado que nunca ha invadido competencias de otros ministerios: “Desde que soy ministra nunca he invadido una competencia ajena. Aquí lo dejo”.
El mandato contempla dos escenarios de subida
A su juicio, el actual modelo genera desigualdades. “Una renta de 17.000 euros al año tributa al mismo tipo marginal que una de 100.000 euros. Esto es profundamente injusto”, ha señalado.
Por ello, Díaz ha pedido a los expertos que establezcan dos cálculos:
- Una cuantía del SMI sin tributación, manteniendo la exención fiscal.
- Una cuantía con aplicación del IRPF, ajustada al sistema fiscal actual.
El informe estará listo lo antes posible
La ministra ha pedido al comité que no demore sus recomendaciones y que el informe esté listo “en el propio ejercicio, lo antes posible”, para poder llevar la propuesta a la mesa de diálogo social. Díaz ha recordado que la subida del SMI debe tener en cuenta el IPC (2,9 %), la productividad (1,9 % interanual), la evolución de las rentas salariales y la coyuntura económica: “En el segundo trimestre hemos crecido al 3,1 %, y las previsiones apuntan al 2,7 %”, ha indicado.
La ministra ha agradecido el trabajo del grupo de expertos, que está formado por académicos, representantes de los ministerios implicados y agentes sociales, y ha propuesto que esta comisión pase a tener “rango normativo” dentro del proceso de determinación del SMI, para formalizar su papel en futuras decisiones.
