Este lunes, el Ministerio de Función Pública, en manos de Óscar López, vuelve a reunirse con CCOO, UGT y CSIF para cerrar la subida salarial de los funcionarios y empleados públicos, esperando una respuesta de estas organizaciones sindicales en cuanto al aumento del 11% propuesto para el periodo 2025-2028. Unas negociaciones en las que no se ha tenido en cuenta a la Plataforma Intersindical, tal y como ha denunciado la misma.
Esta plataforma está compuesta por ANPE, APFP, FEDECA, SATSE, SIAT, SPP, SUP, TAMPM, UFP, USIE y USO y, todas ellas, han denunciado que Función Pública mantenga la negociación salarial sin convocarlos, cuando representan “a un número muy significativo de empleados públicos en sectores clave como educación, sanidad, administración general, prisiones, seguridad pública, inspección educativa, agencia tributaria y justicia”.
En referencia a su participación, aseguran que no han recibido ninguna llamada, invitación ni aclaración por parte de la Secretaría de Estado, lo que constituye según las mismas “una exclusión injustificable y contraria a los principios de transparencia, pluralidad y buena fe negociadora”.
Rechazan la subida planteada por Función Pública
Para la Plataforma Intersindical la subida planteada por Función Pública es insuficiente, tal y como manifestó CSIF, sindicato que sí participa en las negociaciones y asiste a la reunión de este lunes. En concreto, critican que el Gobierno no detalla su distribución por años ni asegura la recuperación del poder adquisitivo perdido.
En este sentido, la plataforma señala que la inflación acumulada desde 2021 ha supuesto “una pérdida histórica de poder adquisitivo” y que una subida que no blinde la compensación del IPC en 2025 y 2026 sería “insuficiente” y “volvería a dejar a los empleados públicos atrás”.
También critican que no se ha concretado ningún plan para actualizar las indemnizaciones por razón de servicio (dietas), congeladas desde hace 20 años, ni medidas para frenar las desigualdades salariales entre Cuerpos y Administraciones.
La Plataforma Intersindical, además de exigir ser convocada, solicita que la oferta salarial de Función Pública, que parece inamovible, garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido; establezca mecanismos de revisión automática vinculados al IPC; actualice las dietas y retribuciones en el exterior; y permita avanzar en una carrera profesional justa y medidas de conciliación reales.
Extender el acuerdo salarial hasta 2028 es “un fraude de ley y de legitimidad”
También denuncian que plantear un acuerdo salarial que se extienda hasta 2028 supone “un fraude de ley y de legitimidad” porque “el Gobierno no puede comprometer condiciones retributivas más allá de su legislatura, que finaliza en 2027”. Asimismo, manifiesta que no se conoce qué Gobierno ni qué situación económica habrá en 2027–2028 y que “extender artificialmente el calendario desvirtúa la negociación y genera falsas expectativas”.
Por ello, reclaman que si el Ministerio quiere mantener la referencia del 11%, debe concentrarlo en los próximos dos años, hasta el final de la legislatura. “Un horizonte hasta 2028 es jurídicamente cuestionable y políticamente inverosímil”, han apostillado.
Amenaza de movilizaciones en enero
En último lugar, la Plataforma Intersindical ha avisado de que si el Gobierno sigue sin convocarlos, iniciarán un calendario de movilizaciones en enero de 2026. “No vamos a quedarnos fuera de una negociación que afecta a cientos de miles de empleados públicos. Si no se nos llama, saldremos a la calle”, han advertido.
