El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha defendido que los procesos de selección para acceder al empleo público están reduciendo sus tiempos de gestión y que, en muchos casos, ya se resuelven en menos de doce meses. Así lo ha afirmado la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública del Senado, donde defendió que las medidas adoptadas para simplificar y agilizar las convocatorias de oposiciones están comenzando a dar resultados.
Para la responsable del área, las convocatorias de oposiciones se están publicando ya en el mismo año natural en el que se aprueba la oferta correspondiente, lo que supone un cambio respecto a etapas anteriores en las que los procesos se prolongaban durante más tiempo. “Los tiempos de gestión en casi todas las convocatorias se han reducido, situándose en muchos casos por debajo de los 12 meses”, señaló durante su intervención.
La secretaria de Estado defendió que esta mejora responde a un conjunto de reformas impulsadas por el Ejecutivo para modernizar el acceso a la Administración. Entre ellas citó la descentralización de los procesos selectivos, la revisión de los temarios y de las pruebas para eliminar redundancias y la simplificación administrativa de los procedimientos.
La edad media del personal de Administración está en los 49 años
Uno de los objetivos de estas medidas es, según el Gobierno, favorecer la democratización del acceso al empleo público y atraer a perfiles más jóvenes. En este sentido, Sánchez reconoció que la edad media del personal de la Administración sigue siendo elevada, ya que está en torno a los 49 años, aunque aseguró que las nuevas convocatorias están intentando rejuvenecer progresivamente las plantillas.
"Es un cambio lento, pero en ello estamos", ha respondido Sánchez en referencia a una pregunta de la senadora del PSOE, Consol Cantenys, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la mejora del empleo público.
Durante su comparecencia, la secretaria de Estado también avanzó que el ministerio trabaja en un Plan de Competencias Digitales para Empleados Públicos y en la creación de un Observatorio del Empleo Público, organismos destinados a analizar las nuevas necesidades profesionales de la Administración y a mejorar la planificación de recursos humanos.
La reserva de plazas para personas con discapacidad ha pasado del 7 al 10%
Las actuaciones del Ejecutivo en materia de función pública se enmarcan, según explicó Sánchez, en distintas iniciativas normativas y estratégicas, entre ellas el Real Decreto-ley vinculado al Plan de Recuperación, la orden de planificación estratégica de recursos humanos aprobada en 2024 y el acuerdo para la mejora del empleo público firmado con los sindicatos a finales del pasado año.
Además, la responsable gubernamental puso en valor las políticas destinadas a favorecer la inclusión en el acceso al empleo público. Desde 2024, la reserva de plazas para personas con discapacidad ha pasado del 7% al 10%, con un 2% específicamente destinado a personas con discapacidad intelectual, una medida que, según defendió, refuerza el compromiso de la Administración con la igualdad de oportunidades.
En su intervención ante los senadores, Sánchez también abordó cuestiones relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana en las políticas públicas. El V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029 prevé que el 25% de sus 218 iniciativas se destinen a reforzar la participación de la ciudadanía, mediante nuevos canales digitales y herramientas que faciliten la interacción con la Administración.
La comparecencia se produjo en un contexto de debate parlamentario sobre la eficacia de los mecanismos de transparencia y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia, así como sobre el refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses. Ante las críticas de la oposición, la secretaria de Estado defendió que el Ejecutivo está impulsando nuevas normas, como la futura ley de ‘lobbies’, la ley de Administración Abierta o el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, que tienen el objetivo de reforzar los controles y la independencia de estos organismos.
Con estas reformas, el Gobierno busca acelerar la cobertura de plazas en la Administración y adaptar la función pública a los nuevos retos tecnológicos y organizativos, en un momento en el que una parte importante de la plantilla se aproxima a la jubilación y se prevé un relevo generacional significativo en los próximos años.
