
La última reunión para la reducción de la jornada laboral se cerró sin acuerdo y no será hasta después del verano cuando se retomen las negociaciones. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo aseguró que se habían sentado las bases para poder lograr el pacto “rápidamente” ya en septiembre, estando los “parámetros” establecidos para aplicar esta reducción hasta las 37 horas y media, como es la reforma del registro horario y el refuerzo del derecho a la desconexión digital.
Otra de las claves para alcanzar el acuerdo tripartido, demandada por la patronal, es contar con más flexibilidad en la aplicación de la medida. Hasta ahora, se había hablado de la distribución irregular de la jornada de trabajo, aunque parece que se ha podido sumar otra oferta más a la mesa de negociación, según ‘El Mundo’: el Ministerio de Trabajo podría estar abierto a que las empresas que cuentan con contratos públicos con la Administración, así como las que pertenecen a determinados sectores particulares, puedan disponer de más tiempo para aplicar la reducción de la jornada.
Así pues, los trabajadores que perteneciesen a algunas de estas empresas, se beneficiarían más tarde de la nueva jornada laboral de 37 horas y media. En concreto, según el citado medio, a las empresas con contratos públicos se les permitía esperar a que venciese el contrato de licitación para aplicarla, ya que tendrían que afrontar una subida de costes por hora sin la posibilidad de actualizar el precio de la contrata. Por su parte, las segundas empresas serían aquellas que pertenecen a sectores económicos muy alejados de las 37,5 horas semanales, cuyos convenios colectivos no se encuentran avanzados en esta materia.
Qué sectores podrían tener la posibilidad de retrasar la reducción de jornada
Atendiendo al informe ‘Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme’ de Cepyme (que junto a CEOE está negociando esta medida), los sectores que actualmente cuentan con una jornada laboral más larga son los siguientes: hostelería (39,4 horas), comercio (39,1 horas), agroganadería (39 horas), actividades inmobiliarias (38,8 horas), y actividades administrativas (38,7 horas).
Así pues, las empresas enmarcadas en estos sectores podrían tener un mayor plazo de tiempo para poder aplicar la nueva jornada laboral a partir de 2026 y gradualmente, conforme se vayan renovando los convenios colectivos. Sin embargo, los sindicatos no estarían dispuestos a llevar tan lejos la reducción de jornada: “no queremos llevar ningún sector al año 26 o 27 sin que noten, aunque sea mínimamente, que esto ya está en vigor. Nos parecería injusto y discriminatorio con otros sectores”, señaló tras la reunión el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján.
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