La Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) ha convocado una concentración para el próximo 7 de octubre frente al Congreso de los Diputados con el objetivo de reclamar medidas urgentes contra el abuso de la temporalidad en la Administración Pública. La protesta coincide con la inminente publicación de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta problemática en España, previstas para el 9 de octubre.
Según Ansiti, cerca de un millón de trabajadores públicos interinos sufren una situación de temporalidad abusiva en las distintas administraciones del Estado. Esta situación ha sido reiteradamente cuestionada por la justicia europea, que ha dictaminado que España no ha tomado las medidas necesarias para prevenir y sancionar este uso excesivo de contratos temporales en el ámbito público.
La asociación recuerda que hay más de 30.000 causas judiciales abiertas por este motivo, lo que podría derivar, advierte, “en indemnizaciones millonarias a cargo del erario público si no se actúa con rapidez”.
Reivindican la fijeza inmediata y cambios legislativos
Desde el colectivo se insiste en que es posible dar estabilidad laboral a los trabajadores afectados sin que suponga un gasto adicional para las arcas públicas. “El Gobierno tiene en su mano resolver el problema a coste cero”, han asegurado.
Ansiti reclama que se apruebe la nueva Ley de Función Pública, incluyendo las enmiendas presentadas por diversas fuerzas políticas que reconocen el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad. Asimismo, solicitan el cumplimiento inmediato de las sentencias del TJUE, que reconocen la necesidad de garantizar la estabilidad a quienes lleven más de tres años encadenando contratos temporales.
Han destacado que entre los funcionarios habilitados nacionales en la administración local, como secretarios, interventores y tesoreros interinos los hay que en muchos casos “con más de 30 años de experiencia en el puesto siendo interinos”, por ello piden la estabilización en el puesto de trabajo.
Entre sus exigencias también se encuentran la readmisión del personal cesado en situación de abuso de temporalidad, y la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, así como de la legislación de función pública, con el fin de impedir que esta situación vuelva a repetirse.
