La Ley de Economía Social podría afectar a 60.000 empleos de personas con discapacidad

El Proyecto de Ley de impulso de la economía social, en fase de tramitación parlamentaria, ya está generando algunas reacciones entre el tejido asociativo y social. En concreto, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) cree que, si llega a entrar en vigor esta iniciativa del Gobierno, esto podría generar un impacto negativo en la incorporación al empleo de personas con discapacidad.

El texto, presentado ante el Congreso el pasado 11 de octubre de este año, se encuentra actualmente sometido al plazo de presentación de enmiendas por los grupos parlamentarios en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguidad Social y Migraciones. La última ampliación del proceso de enmiendas concluirá este próximo 18 de diciembre en el caso de que no vuelva a prorrogarse el plazo de presentación de enmiendas.

Una iniciativa que, actualmente se encuentra en plena tramitación parlamentaria y que, según la exposición de motivos, pretende “actualizar el marco normativo del sector, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales” a través de “desvincular los conceptos de exclusión y vulnerabilidad de quienes pueden ser contratados por las empresas de inserción para atajar su estigmatización social” mediante “un adecuado itinerario de inserción”.

El proyecto de ley deja fuera a los centros sin la calificación de “Iniciativa Social”

Sin embargo, representantes del colectivo de las personas con discapacidad como el CEDDD han mostrado su rechazo al texto legislativo por poner en riesgo 60.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad.

El Consejo señala directamente una de las modificaciones que pretende la ley. En concreto, la del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de Economía Social que reformula la redacción en relación a las entidades de esta índole. La interpretación que hace la CEDDD es que este cambio “deja fuera del paragüas jurídico de la Economía Social” a 1.655 centros especiales de empleo sin la calificación de “Iniciativa Social” y que dan trabajo en la actualidad a un total de 61.425 personas con discapacidad.

Así, desde el CEDDD lamentan “profundamente” que, si entra en vigor la ley con su actual redacción, se eliminaría el reconocimiento de los centros no calificados “de Iniciativa Social” como prestadores de Servicios de Interés Económico General por lo que muchos de estos centros, asegura, dejarían de operar.

Solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar lo hace hoy en España

En este sentido, desde el CEDDD reclaman la revisión del proyecto de ley actual por “dejar fuera” a los centros especiales de empleo no calificados como de Iniciativa Social aunque representan más del 70% de las contrataciones de estas personas que ven más compleja su incorporación al mercado laboral.

El presidente del CEDDD, Albert Campabadal, sentencia que “no se puede avanzar en inclusión social y económica dejando fuera del mercado laboral a decenas de miles de personas con discapacidad, muchas de las cuales difícilmente encontrarán otra oportunidad”.

El impacto de las personas con discapacidad en el mercado laboral es positivo, recuerdan desde el Consejo, a pesar de que solo el 25% de estos trabajadores tiene empleo de los 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que hay en España. De este total, 100.000 de ellas trabajan en centros especiales de empleo, de Iniciativa Social o no.