La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha anunciado este martes que no participará en la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo para abordar la llamada “democratización de las empresas”, una reforma con la que el Gobierno pretende aumentar la participación de los trabajadores en la gestión y la propiedad de las compañías, incluyendo su presencia en los consejos de administración.
La organización empresarial considera que la iniciativa impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, “supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada”, según ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.
La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la patronal en una reunión extraordinaria celebrada tras la convocatoria del ministerio para abrir las negociaciones el próximo 12 de marzo. En el comunicado, la organización que preside Antonio Garamendi critica que el Gobierno plantee esta reforma “en un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial”.
La patronal rechaza la propuesta de Trabajo
En declaraciones a los medios, Garamendi ha calificado la propuesta de Trabajo de “incomprensible” y ha advertido de que este tipo de iniciativas generan “falta de confianza e inestabilidad” y pueden desincentivar la inversión. “¿Qué es eso de que en las empresas no hay democracia?”, ha planteado el presidente de la CEOE, quien también ha criticado propuestas como la posibilidad de que los trabajadores participen en el capital de las compañías o tengan presencia en los consejos de administración.
El dirigente empresarial ha puesto además como ejemplo el sector bancario, donde los miembros de los consejos deben superar exigentes evaluaciones regulatorias europeas. “Sinceramente, son debates absurdos que se ponen encima de la mesa y solo generan inestabilidad”, ha señalado.
La CEOE sostiene que la propuesta tiene un carácter “ideológico” y advierte de que podría generar desconfianza entre los inversores. “Es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas”, declara en su comunicado.
La patronal también rechaza la idea de que exista un déficit democrático dentro de las empresas. A su juicio, la negociación colectiva, recogida en la Constitución, ya es uno de los sistemas más representativos de participación laboral. En este sentido, la CEOE considera que reabrir este debate supone “un nuevo desprecio” a ese mecanismo de diálogo entre sindicatos y empresarios.
La propuesta del Ministerio de Trabajo
El proyecto que prepara el Ministerio de Trabajo busca desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución, que insta a los poderes públicos a promover la participación de los trabajadores en las empresas. Con esta reforma, el departamento de Yolanda Díaz pretende introducir en España modelos de participación que ya existen en varios países europeos.
Entre las medidas planteadas figura que los trabajadores tengan representación en los consejos de administración, es decir, en el órgano donde se toman las principales decisiones de las empresas. Según un informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos y presentado a comienzos de febrero, los empleados ocuparían un tercio de los puestos en las empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores. En las compañías más grandes, con más de 1.000 empleados, esa representación podría llegar hasta la mitad del consejo.
El informe también propone aumentar la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas. Para ello plantea establecer porcentajes mínimos de acciones en manos de los empleados: al menos un 2% del capital, que podría elevarse hasta el 10% en las grandes corporaciones.
La vicepresidenta segunda defendió recientemente que estas medidas buscan acercar el modelo empresarial español al de otros países europeos. Según Díaz, 18 Estados miembros de la Unión Europea cuentan ya con sistemas que permiten a los trabajadores participar en las decisiones de las empresas, mientras que España sería actualmente una “anomalía” en este aspecto.
Choque en el diálogo social
La negativa de la CEOE a acudir a la mesa abre un nuevo foco de tensión en el diálogo social, el mecanismo que el Gobierno ha utilizado en los últimos años para pactar reformas laborales y económicas con sindicatos y empresarios.
La patronal sostiene que la propuesta del Ministerio de Trabajo invade competencias propias de la organización interna de las empresas y podría chocar con el artículo 38 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa. Desde esta perspectiva, la CEOE defiende que la legislación actual ya permite a cualquier ciudadano crear una empresa y gestionarla conforme a la ley.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo mantiene su intención de impulsar una ley para reforzar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Díaz ha insistido en que el objetivo no es convertir las sociedades mercantiles en cooperativas, sino “dar un paso adelante en la democratización de las empresas”.
