La CEOE alerta de las consecuencias para la creación de empleo de la Ley de Amnistía

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha reunido en la tarde del lunes un comité ejecutivo extraordinario para rodar la situación política que vive actualmente España y como afecta esta a los empresarios y a la creación de empleo. En una reunión, también apoyada por Cepyme y la asociación de autónomos, ATA, se han abordado con carácter de urgencia la preocupación de las empresas por cómo afectarán cuestiones como la Ley de Amnistía y las posibles desigualdades entre comunidades autónomas.

Como han comunicado desde la patronal, “es nuestra responsabilidad advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que se dificulta el crecimiento económico y la creación de empleo”. 

Al mismo tiempo, añaden que echando un vistazo a los acuerdos con los partidos independentistas, “es previsible una distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de las empresas en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y para el bienestar de la sociedad española”.

Una de las posturas que con ahínco defiende la CEOE es el derecho de las compañías nacionales a decidir en qué lugar tienen que desarrollar su actividad. “Insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica”.

Otro elemento que afecta es la falta de respeto a las autonomías, como así lo definen, en el seno de la negociación colectiva y el menosprecio del diálogo social del que tanto ha presumido el Gobierno de España en estos últimos años. Justamente de este punto ha hablado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al conocer esta reunión de la CEOE y de la que ha pedido "que se aparte de proclamas ideológicas".

La CEOE se une a los jueces para defender la separación de poderes y la Constitución

La patronal, junto a las pymes y a los autónomos, se unen a las denuncias hechas en los últimos días por los principales órganos de la judicatura, como el CGPJ o el Tribunal Supremo, para denunciar el “grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica”. Y es que definen estos hechos como ataques a la democracia, que provocan un debilitamiento institucional.

También están de acuerdo con los jueces en que estas medidas afectan al principio de igualdad entre los españoles, “que es piedra angular de la Constitución de 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia”.