La Cámara de Atenas dio luz verde a una reforma laboral que permitirá, con carácter excepcional, alargar la jornada hasta 13 horas diarias en el sector privado. La norma salió adelante con la mayoría absoluta de Nueva Democracia, el partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, y con el rechazo de toda la oposición, salvo Syriza, que abandonó el hemiciclo para no “legalizar” con su presencia una “ley monstruosa”. El Ejecutivo defiende que la extensión es opcional, mantiene el tope de 48 horas semanales y limita su uso a 37 días por año, con una bonificación del 40% para las horas trabajadas más allá de la jornada ordinaria.
La ministra de Trabajo, Niki Kerameos, presentó la reforma como “positiva y progresista”. A su juicio, la nueva redacción ampliará la red de protección al trabajador e incentivará el empleo, además de mejorar la conciliación mediante fórmulas de organización más flexibles. Entre las medidas asociadas, el Gobierno subraya la ampliación de beneficiarios de ayudas por maternidad, la obligación de registrar todas las horas extra (las no declaradas se considerarán ilegales y deberán abonarse con un recargo sustancial) y la posibilidad de segmentar las vacaciones en más periodos con acuerdo de la empresa.
Los sindicatos ADEDY y GSEE, que convocaron dos huelgas este mes para frenar la norma, rechazan de plano el argumento de la voluntariedad. Sostienen que en un mercado con débil poder negociador del asalariado la negativa a trabajar más horas puede traducirse en represalias por otras vías. El principal partido de la oposición, el socialdemócrata Pasok, acusó al Gobierno de hacer “retroceder al país al siglo XIX” en materia de derechos laborales.
La motivación económica se sitúa en el trasfondo. El Ejecutivo apunta a la falta de mano de obra en servicios y hostelería (especialmente en temporada turística) y a la necesidad de dar margen a las empresas para reorganizar turnos y cubrir picos de demanda. Desde julio de 2024, otros sectores como industria, comercio minorista o agricultura pueden exigir un sexto día de trabajo a la semana, también con un recargo del 40% para ese día adicional.
Grecia figura desde hace años entre los países de la Unión Europea con semanas laborales más largas. Según las estadísticas europeas, los asalariados griegos acumulan más horas anuales que el resto del bloque, aunque con menores niveles de productividad y poder adquisitivo. Este contraste sobrevuela el debate, pues para el Gobierno, la flexibilidad permite sostener la actividad y el empleo en una economía muy estacional; para los sindicatos, erosiona salarios reales y condiciones de trabajo sin atacar el núcleo del problema, que a su entender pasa por salarios y organización de la jornada.
Quedan por concretar varios elementos de impacto práctico. La aplicación efectiva de la voluntariedad dependerá del control por parte de la Inspección de Trabajo, del funcionamiento del registro de jornada y del detalle de la negociación en empresa y sector. Tampoco se conocen aún proyecciones oficiales sobre cuántos trabajadores podrían acogerse a estas jornadas de 13 horas ni su distribución por ramas de actividad, un dato clave para medir alcance y efectos.
Si miramos al plano político, la reforma forma parte de la agenda de flexibilización de Nueva Democracia. La confrontación con la oposición y el movimiento sindical anticipa un otoño tenso, con nuevas movilizaciones en caso de que la aplicación práctica derive en abusos o en un uso extensivo de la excepcionalidad. El Gobierno repite que la regla general sigue siendo la jornada de ocho horas y 48 semanales, y que nadie puede ser despedido o sancionado por negarse a prolongar su jornada. Las centrales replican que, sin refuerzo de las garantías, esa promesa se quedará en papel mojado.
