Los Inspectores de Trabajo ponen fin a la huelga indifinida iniciada el pasado lunes en su segunda jornada. Reclaman que se refuerce la plantilla y mejore la estructura y las condiciones laborales. Unas mejoras que el Gobierno de España se comprometió a instaurar allá por el verano de 2021 y que, ante su inexistencia, acabaron por prender la mecha de las movilizaciones.
“Ante los últimos acontecimientos y noticias de prensa con las valoraciones realizadas desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en los que se aprecia la falta de intención de dar cumplimiento a lo acordado, se comunica por lo tanto, la suspensión de la huelga, ya que se ha jugado con la Inspección de Trabajo, se ha utilizado esta con fines partidistas y eso no podemos permitirlo, y todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos, como los de los propios trabajadores de la Inspección de Trabajo”, indican los inspectores en un comunicado de la plataforma sindical.
El ‘stop’ a la huelga ha sorprendido por el hecho de la estructuralidad del organismo, que recibió el aplauso del Ejecutivo por su importancia reciente en el correcto funcionamiento de la nueva Ley de Empleo, que intensifica la búsqueda del fraude en cualquier ámbito o nivel laboral. Por ello, por creer que tenían agarrada la sartén por el mango, ha causado cierto asombro su decisión.
Las elecciones generales del 23-J, clave
El principal motivo al que se apunta desde fuentes internas a los sindicatos UPIT e ITS, los primeros que protagonizaron la marcha atrás en las protestas, ha sido la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, cuyo decreto oficial ya está publicado en el BOE y que recoge la disolución de las Cortes Generales, donde se cuece la actividad legislativa, política y económica española. Hasta que no se conforme un nuevo Ejecutivo, los sindicatos y asociaciones convocantes son conscientes de que conseguir sus objetivos es una utopía.
La próxima reunión de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interterritorial de Retribuciones (CECIR), tal y como adelanta ‘El País’, iba a aprobar estas mejoras. Sin embargo, el propio órgano de Hacienda en el que se asumen decisiones también lo negó: “No se prevé ninguna decisión en lo relacionado con la Inspección”.
Yolanda Díaz contra María Jesús Montero
La politización del conflicto es otro de los argumentos esgrimidos para el fin de la huelga. El mismo que provocó que CCOO se bajara de las protestas. La Inspección de Trabajo depende del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, con el que pactó la nueva relación de puestos de trabajo. Sin embargo, todo tiene que pasar por el filtro de María Jesús Montero y la cartera ministerial de Hacienda y Función Pública que dirige, que incumplió el acuerdo pactado en julio de 2021.
Función Pública, el principal ente negociador, continúa defendiendo la versión de que se continúa negociando y trabajando para llegar a un acuerdo final satisfactorio para todas las partes. Los trabajadores apuntan a los dos ministerios y han pedido la dimisión de sus dos responsables. “Este conflicto está completamente intoxicado desde Función Pública y desde Trabajo. Se está utilizando en claves de confrontación electoral”, señalaba CCOO, que aludía a que han sido objeto de instrumentalización política.
“Creo que no hay ninguna razón para que no se cumpla por parte del Gobierno de España con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. Saben ustedes que esto está en el negociado de Función Pública y, por tanto, quedo pendiente de que resuelvan este problema”, dijo Díaz, por su parte, el pasado lunes.
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