
El ministro de Función Pública, Jose Luis Escrivá, ha confirmado hoy lo que ya adelantaron los sindicatos (CCOO y UGT) el pasado viernes: este martes, 25 de junio, se va a aprobar la subida salarial de los funcionarios en Consejo de Ministros. Además, ha declarado que la van a percibir “de forma inminente” en la próxima nómina, por lo que previsiblemente será en la de julio cuando se aplique, habiéndose cerrado ya el mes de junio.
Esta subida salarial es del 2,5% y tendría que haberse aplicado desde el pasado mes de enero, pero la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dificultaron su aprobación, aunque fuera un aumento pactado en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI’ que termina este 2024. Un 2% corresponde al incremento fijo, mientras que el 0,5% restante se va a cobrar por la evolución del IPCA, que a cierre de 2023 supero el 8%, que era la condición establecida para su cobro.
Precisamente, en relación a la prórroga de los PGE, Escrivá ha asegurado que no va a ser “un problema” para afrontar el gasto de esta subida, tras ser preguntado por esta cuestión en el ‘XVII Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente. Nuevos bioderechos digitales en salud’. Esta medida va a beneficiar a más de tres millones de funcionarios, empleados públicos y demás personal laboral. Según los sindicatos, en este Consejo de Ministros también se va a aprobar la Oferta de Empleo Público 2024.
Una subida con carácter retroactivo
Tal como se fijó en el Acuerdo Marco, esta subida salarial del 2,5% debe aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Por ello, los funcionarios y trabajadores públicos no van a percibir únicamente la subida, sino que también van a cobrar todos los atrasos. Si se comienza a recibir ya en la nómina de julio, tendrán que percibir los atrasos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Este plus, que también se conoce coloquialmente como “paguilla”, se estima que rondará los 300 euros de media.
No es suficiente para CSIF
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que es el sindicato con mayor representación en las administraciones públicas, esta subida salarial resulta “insuficiente”, además de que han denunciado el hecho de que llega 6 meses tarde. En este sentido, la organización sindical defiende que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1%, motivo por el que van a continuar con su huelga del 27 de junio, donde reivindicarán también una mejora de las condiciones laborales.
Entre sus reivindicaciones se encuentra un nuevo marco salarial (al exterior no contó con su aprobación), mejoras en las condiciones de jubilación, la implantación de la jornada laboral de 35 horas o el desarrollo de la ley de Función Pública “para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición”.

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