El Gobierno dispone ya de un conjunto de mecanismos laborales para proteger el empleo si la guerra en Oriente Próximo termina teniendo un impacto significativo en la economía española. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que el Ejecutivo contempla recurrir a instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo RED o incluso la prohibición de despidos vinculados a la crisis energética, si fuera necesario.
“Tenemos una panoplia de medidas que ni siquiera hay que aprobar, ya están a disposición”, ha señalado Díaz este lunes en Bruselas, donde participa en el Consejo de ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (EPSCO). Según ha detallado, el Ejecutivo ya ha trasladado a sindicatos y patronal un documento con los instrumentos disponibles para responder con rapidez si la escalada internacional acaba afectando a empresas y trabajadores.
La vicepresidenta ha explicado que el Ministerio de Trabajo ha mantenido ya reuniones con el conjunto del tejido económico y social para monitorizar los posibles efectos de la crisis. En ese encuentro, celebrado apenas un día después de la escalada del conflicto, el precio del petróleo había aumentado ya un 17% y el del gas registraba también fuertes subidas. “Hoy los incrementos son mayores”, ha advertido.
Las herramientas que el Gobierno tiene preparadas
El paquete de medidas que el Gobierno tiene preparado incluye ERTE ordinarios, ERTE vinculados al mecanismo RED, limitaciones a los despidos y otras actuaciones sectoriales previstas en la legislación laboral. Estos instrumentos ya fueron utilizados durante la pandemia y en la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania con el objetivo de evitar destrucción de empleo.
Díaz ha insistido en que el Ejecutivo actúa con “principio de prudencia”, pero ha reconocido que la principal amenaza económica del conflicto se trasladará previsiblemente al coste de la energía y a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. “Lo que vamos a intentar es actuar en el impacto que genera, sin lugar a dudas, esa pérdida de poder adquisitivo”, ha afirmado.
Industria electrointensiva y agricultura, entre los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía
Entre los sectores potencialmente más expuestos figuran las industrias electrointensivas, cuyo funcionamiento depende de un elevado consumo de electricidad. La ministra ha mencionado específicamente actividades como la química, el acero, la metalurgia o la industria farmacéutica. También ha advertido de posibles efectos en el sector agrícola, especialmente por el encarecimiento de los fertilizantes, estrechamente ligado al precio del gas.
Además de estos ámbitos industriales, Díaz ha citado posibles impactos en determinados sectores exportadores del agroalimentario, como el del vino o el jamón, que podrían verse afectados indirectamente por la evolución de los costes energéticos y de transporte.
“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas y a los trabajadores”, ha subrayado la ministra, quien ha asegurado que el Ejecutivo está preparado para actuar si fuera necesario. Según ha explicado, los propios agentes sociales han solicitado mantener activa la mesa de diálogo social para seguir la evolución de la crisis y responder con rapidez si la situación económica se deteriora.
