El Gobierno ha trasladado este miércoles a los agentes sociales su propuesta para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone 37 euros más al mes respecto a la cuantía actual. El Ejecutivo se compromete, además, a que el SMI siga sin tributar en el IRPF el próximo año, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión mantenida con sindicatos y patronal. Esta subida sería con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, tal y como aseguró el propio secretario de Estado de Trabajo a NoticiasTrabajo el pasado lunes en la rueda de prensa posterior a los datos del paro.
La cifra planteada coincide con una de las dos opciones recomendadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno en esta materia. En concreto, el organismo proponía un incremento del 3,1% siempre que el salario mínimo permaneciera exento de tributación, o bien una subida mayor, del 4,7%, en el caso de que pasara a tributar. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por la primera de las alternativas, tras consensuar con el Ministerio de Hacienda que el SMI no estará sujeto al IRPF tampoco en 2026.
El resultado de la primera reunión es “esperanzador”
Pérez Rey ha señalado que la propuesta ha sido trasladada formalmente a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, que deberán ahora analizarla y fijar su posición. Por el momento, según ha precisado el secretario de Estado, el Gobierno no ha recibido “ni un sí ni un no” por parte de los interlocutores sociales, en una negociación solo acaba de empezar pero cuya primera reunión ha dado un resultado "esperanzador".
Durante el encuentro no se abordaron otros asuntos vinculados al salario mínimo, como la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, una cuestión que, según Trabajo, se tramitaría en un decreto distinto. El Ejecutivo sí ha manifestado su disposición a empezar a estudiar “seriamente” una relajación de las normas de desindexación en la contratación pública, una reivindicación recurrente de algunos sectores económicos.
"No tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos, es decir, que sectores muy importantes para la economía del país, sectores auxiliares como la limpieza o la seguridad privada, que esas empresas tengan la capacidad de trasladar al precio de los contratos públicos algunas de las subidas laborales. Digo algunas, no en términos generales. Esto es algo que nos vienen reclamando los interlocutores sociales de manera unánime", ha explicado Pérez Rey.
También es una medida apoyada por Trabajo, que ha defendido "reiteradamente" ver si dentro del marco fiscal, tributario y laboral se pueden incorporar también reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que en el pasado ha chocado contra el muro del Ministerio de Hacienda.
En esta línea, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio está trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos que, en al menos dos de sus pasajes, obliga a los Estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas de los salarios mínimos a la contratación pública.
"Por lo tanto, no es tanto un tema de oportunidad política o de oportunidad jurídica, sino casi una obligación derivada de una directiva que ha sido salvada casi en su integridad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ningún caso se ha cuestionado esa parte que tiene que ver con la desindexación o con la traslación a los precios de la contratación pública de los salarios", ha destacado.
En respuesta a esto, Pérez Rey se ha comprometido a explorar con los otros ministerios competentes y a la mayor brevedad posible un acuerdo "para relajar las reglas de desindenxación en algunos casos de condiciones de trabajo", ha precisado.
¿Podría haber acuerdo con la CEOE?
Ahora serán los órganos de dirección de los agentes sociales los que deban decidir si respaldan la propuesta planteada por el Gobierno, basada en dos ejes principales: un incremento del 3,1% del SMI, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y exento de tributación en el IRPF, junto con una modificación de las normas de desindexación en los contratos públicos.
Pérez Rey, aunque reconoce que "no puede hablar por la patronal", considera que el hecho de que la CEOE haya optado por consultar a sus órganos internos indica que "será porque con estos dos elementos encima de la mesa, tanto la tributación como la posible desindexación, podrían estar de acuerdo en que el salario mínimo interprofesional de 2026 se sitúe en unos términos en los que no pierda poder adquisitivo". Algo que choca con la propuesta inicial de CEOE de subirlo solo un 1,5% y tributando.
En este sentido, ha expresado su optimismo al señalar que "confío en que así sea. Desde luego el tono de la mesa ha sido muy constructivo y, obviamente, no puedo saber si los órganos darán el 'ok' definitivo a esta propuesta, pero espero que así pueda ser".
En relación con la posibilidad de que la modificación de la Ley de Desindexación requiera un Real Decreto-Ley en lugar de un Real Decreto, Pérez Rey ha indicado que es una cuestión que debe analizarse "con más calma", ya que "hay muchas maneras de llevar a cabo esta adaptación de la Ley de Desindexación".
"Obviamente, si entendiéramos que esto es posible y que se puede llevar a cabo, no descartaríamos que pudiera ser en un futuro, y no necesariamente elevaría el rango de todo lo demás, sino que podría hacerse por otra vía parlamentaria".
La subida del SMI para 2026 se enmarca en la estrategia del Gobierno de seguir aproximando el salario mínimo al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea, un objetivo que ha guiado los incrementos de los últimos años y que continúa siendo uno de los principales ejes de la política laboral del Ejecutivo.
