El Gobierno ha anunciado este viernes que prohibirá a las empresas despedir por causas económicas vinculadas a la guerra en Oriente Próximo, dentro de un plan anticrisis aprobado hoy. La medida busca proteger el empleo frente al impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto.
Esta decisión forma parte de un paquete más amplio que incluye medidas de carácter fiscal. El Ejecutivo ha planteado esta iniciativa como respuesta a la situación económica generada por el contexto internacional.
Además, el plan se ha diseñado siguiendo precedentes recientes, con el objetivo de evitar la destrucción de puestos de trabajo en contextos de crisis y garantizar la continuidad de la actividad empresarial mediante mecanismos alternativos.
Medidas laborales y cambios en movilidad sostenible
El Ejecutivo ha confirmado que las empresas no podrán justificar despidos objetivos alegando pérdidas derivadas del aumento de los precios energéticos. En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que existen herramientas suficientes para evitar ceses. “Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor”, ha señalado.
Junto a esta limitación, el plan incluye el adelanto en un año de la obligación de implantar planes de movilidad sostenible al trabajo en empresas y entidades públicas con más de 200 trabajadores “o 100 por turno”. Esta exigencia, prevista inicialmente para un plazo de 24 meses tras la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible en diciembre de 2025, deberá cumplirse ahora en diciembre de 2026.
En el caso de centros con más de 1.000 trabajadores situados en áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las entidades deberán aplicar medidas específicas para reducir desplazamientos en horas punta, fomentar el uso de transportes de bajas o cero emisiones, impulsar la movilidad compartida y facilitar infraestructuras de recarga.
El Gobierno ha seguido así una línea similar a la adoptada en 2022 tras la guerra de Ucrania, cuando ya se prohibieron los despidos objetivos en empresas afectadas por el aumento de los costes energéticos o beneficiarias de ayudas públicas.
